La Junta abrirá un punto de asesoramiento sobre ocupaciones ilegales de viviendas

Fernández ha pedido información sobre las políticas de vivienda que se incluirán en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, actualmente en fase de negociación con los grupos parlamentarios. El portavoz de Vox ha reclamado datos concretos sobre previsión de construcción de viviendas públicas, entre otras cuestiones. «Cuántas van a hacer?», ha señalado. «¿O están esperando las propuestas de la oposición?».

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Martín Castizo no ha ofrecido datos concretos, sino que ha señalado que las políticas de la Junta serán distintas de las que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, «que están muy lejos de dar soluciones a las familias». Asimismo, ha apuntado que se incidirá en ampliar el parque de viviendas públicas, reducir la presión fiscal y ejecutar medidas como el aval joven, «que está teniendo una gran acogida».

Asimismo, se trabajará para defender los derechos de las familias y favorecer el acceso a la vivienda, «que se está convirtiendo en una situación de emergencia nacional». Con ese fin, ha anunciado que, en caso de que haya una ocupación ilegal, se actuará «dentro de nuestras competencias por el derecho a la propiedad, poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger a los afectados». Esta frase está recogida de forma literal en el acuerdo entre PP y Vox que quedó roto el pasado mes de julio.

Para ello, ha asegurado que «de manera inminente» la Junta pondrá en marcha «un punto de atención especializada para el asesoramiento y el acompañamiento de todas las víctimas frente a la ocupación ilegal», un punto que también estaba recogido con esas mismas palabras en el pacto de investidura de Guardiola.

El consejero de Infraestructuras ha respondido a otra cuestión en materia de vivienda formulada por Joaquín Macías, diputado de Unidas por Extremadura, quien ha preguntado si la Junta va a aplicar la ley estatal. Según ha expuesto, medidas como la declaración de zonas tensionadas de alquiler ha permitido moderar entre un 3 y un 5% el alza de los precios en Barcelona. Y ha recalcado que en localidades de la región como Cáceres el coste de la vivienda supone un problema para los jóvenes y las familias, mientras «empresas y rentistas hacen negocio».

Martín Castizo ha señalado que Extremadura no se declarará insumisa y cumplirá la Ley de Vivienda, pero ha añadido que «la obsesión ideológica con las zonas tensionadas» no está sirviendo realmente para controlar el precio de los alquileres, sino que está causando el efecto contrario.