La Junta anticipa que agotará todas las vías legales en el caso Valdecañas

La Junta de Extremadura quiere un equilibrio sostenible entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico de las zonas rurales, una postura que defenderá en el recurso que presentará contra la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al derribo completo del complejo turístico Marina Isla Valdecañas.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Pilar Blanco-Morales, ha mostrado hoy ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura la postura del Gobierno regional ante ese fallo. Como ya se anunció en su momento, ha reiterado que el Gobierno regional llegará hasta la última instancia posible, ya sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la corte europea de justicia. Pero de entrada presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Blanco-Morales considera necesario aclarar por qué para restablecer la legalidad urbanística a partir de criterios medioambientales es necesario causar «un daño ambiental mucho mayor que el que se pretende proteger». Sobre este punto, ha señalado en su segunda intervención que la demolición «causará un daño que la construcción no causó» y que en todo caso el derribo deberá contar con evaluación de impacto ambiental favorable. Esto puede suponer varios meses de trámites, además de un resultado incierto.

Pero, más allá de Valdecañas, la vicepresidenta ha indicado que la importancia de este caso reside en que la Junta quiere defender con todos los medios a su alcance un modelo de desarrollo sostenible que ajuste la relación entre creación de riqueza y protección del medioambiente. En su opinión, es posible, pero para eso es necesario una revisión de las áreas protegidas incluidas en la Red Natura 2000.

Para ello, ha recordado la reciente aprobación de la Ley de medidas contra el reto demográfico, en la que se recoge ese proceso de revisión. Como ha apuntado, la Junta defiende un modelo que permita hacer compatible la protección ambiental con la lucha contra la despoblación.

La vicepresidenta primera ha recordado que la isla de Valdecañas es un producto de la actividad humana que primero generó riqueza en la zona con la creación del embalse y que en los últimos años ha dado un paso más con la construcción del complejo turístico.

Por parte de los grupos parlamentarios, Ana Belén Fernández, del PSOE, ha dado su apoyo al Gobierno regional tanto en la defensa del complejo de Valdecañas como en la revisión de las áreas protegidas de la región. Según ha indicado, «hay zonas donde esas limitaciones hacen muy difícil cualquier tipo de actuación», tanto para implantación de empresas como para la construcción de infraestructuras básicas.

Bibiano Serrano, del PP, ha recalcado que su partido siempre ha estado del lado de la Junta en la defensa de Valdecañas, pero ha acusado a los gobiernos del PSOE de tomar las decisiones que han llevado a la sentencia en contra del Supremo. Asimismo, ha afirmado que la situación actual tiene su origen en el procedimiento que siguió el Gobierno regional para la declaración de las zonas acogidas a la Red Natura 2000, que a su juicio llevó a «una protección ambiental incompatible con la subsistencia humana».

David Salazar, de Ciudadanos, se ha mostrado a favor del recurso y ha coincidido en señalar que «demoler aquello a la situación anterior es incluso peor para el medio ambiente». También ha mostrado el deseo de que se construyan más complejos de este tipo en la región. Pero ha lamentado que la Junta de Extremadura no depure responsabilidades ni explique en profundidad en qué argumentos sustentará su recurso ante el Tribunal Constitucional, sobre el que ha pedido el consenso de las fuerzas políticas.

Por último, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha criticado la labor del Gobierno regional con la aprobación del proyecto y posteriormente permitiendo que se construyera con una primera sentencia en contra. «La Junta actuó de manera completamente temeraria e irresponsable», ha afirmado. Por ese motivo, ha pedido que los responsables políticos que dieron las autorizaciones respondan con su patrimonio personal para costear el derribo. También ha recalcado que Valdecañas no era una zona degradada y que con la demolición se puede recuperar.

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