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La Junta de Extremadura recalca que el proceso de estabilización de plazas de interinos cumple con la ley nacional aprobada a finales del pasado año que obliga a reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas.
La Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público regula una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización deberán aprobarse y aparecer en los respectivos diarios oficiales antes del próximo 1 de junio. Tras pasar por las mesas sectoriales, la Junta ya ha dado a conocer que ofertará 6.220 plazas. La publicación de las convocatorias debe producirse antes del 31 de diciembre de este año y la resolución deberá llegar antes del 31 de diciembre de 2024. Al término de este proceso la tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del 8% de las plazas estructurales.
El consejero portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha explicado que el Gobierno regional «no está haciendo esto por un capricho», sino porque hay una ley que obliga a todas las Administraciones Públicas.
«Entendemos y nos ponemos en el lugar de mucha gente, porque hay diferentes opiniones», ha añadido el portavoz de la Junta, quien ha reconocido que este proceso afecta a interinos y opositores. También ha apuntado que hay distintas valoraciones entre los sindicatos con representación en la función pública.
Pero ha añadido que «la ciudadanía debe entender que la Administración tiene que tomar decisiones». Entre ellas se encuentra la aprobación de un plan de estabilización, con una oferta de empleo que debe aprobarse antes de que termine este mes, y que obedece a «una ley de obligado cumplimiento, que hay que cumplir».
Respecto a la protesta del sindicato USO, que ha convocado una huelga en el ámbito de Administración General de la Junta, ha señalado que «vivimos en un Estado democrático y de derecho y por tanto todo el mundo tiene derecho a la manifestación».
En cualquier caso, González ha recalcado que el Gobierno regional siempre está abierto al diálogo con todas las organizaciones sindicales.
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