La Junta afirma que la última decisión del Supremo no afectará a Valdecañas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) acordó en julio de 2020 la demolición parcial del recinto, una medida que sólo afectaba a las construcciones que habían quedado a medias y que salvaba lo que ya estaba terminado y en uso. Pero Ecologistas en Acción recurrió y en febrero del pasado año el Tribunal Supremo dictaminó que hay que llevar a cabo el derribo completo del complejo.

Tras la decisión del Supremo, la causa volvió al TSJEx, que en marzo emitió un auto en el que daba un plazo de ocho meses a la Junta para que presentara el plan de demolición. Esta resolución fue confirmada en mayo.

Tanto la Junta de Extremadura como las empresas promotoras, Marina Isla Valdecañas y Golf Valdecañas, presentaron un recurso de casación contra el auto de marzo del pasado año del TSJEx. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha resuelto no admitirlo a trámite, como recoge una providencia del pasado 18 de mayo. Alega falta de fundamentación y carencia de interés casacional.

«Las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias», recoge ahora el Supremo, que recuerda que su sentencia de febrero del pasado año estableció que «no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole».

Por tanto, esta nueva decisión confirma el auto que ordenó ejecutar el derribo completo. Por ese motivo, Ecologistas en Acción exigirá la «demolición inmediata de la urbanización ilegal» en la parte no concluida de la urbanización, como dictaminó el TSJEx en 2020.En cuanto a lo construido y en uso, recalca que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado año acordó también su demolición, aunque reconoce que el Constitucional ha admitido a trámite un recurso que aún está pendiente de resolver.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, afirmó que el complejo no se va a derribar porque hay una ley que lo impide, en referencia a la norma que se aprobó en marzo para la declaración expresa de 55 zonas de protección para las aves y que legalizó de nuevo la urbanización.

«La situación de Valdecañas está regularizada por la ley que se aprobó en el Parlamento extremeño y por lo tanto hay una imposibilidad legal de demolición», afirmó. Asimismo, recordó que aún está pendiente el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

Fernández Vara aseguró que «se ha buscado una solución legislativa que tiene plena vigencia», por lo que está convencido de que no habrá demolición. «Entre otras razones, porque el derribo llevaría consigo unas consecuencias medioambientales que son inaceptables».

La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta añade que el Gobierno regional está analizando la última resolución judicial del Tribunal Supremo para determinar las siguientes actuaciones.

En cualquier caso, recuerda que los procedimientos sobre el complejo aún no han sido resueltos. Apunta que, entre otros, el Tribunal Constitucional todavía debe resolver el recurso de amparo interpuesto frente a la sentencia del Tribunal Supremo. Sobre este asunto, recalca que ya ha sido admitido a trámite, lo que sólo se produce en el 10% de los casos. En su opinión, esto pone de manifiesto que «la Junta de Extremadura tiene sólidos argumentos en su postura». Entre otras cuestiones, alegó que derribar el complejo causaría más daño que mantenerlo.

Por otro lado, recuerda que un 80% de los extremeños está a favor de recurrir a todas las instancias posibles las resoluciones judiciales que ordenen el derribo del complejo, como recogió una encuesta encargada el pasado año por el Gobierno regional.

Ecologistas en Acción Extremadura ve «muy cerca» la demolición de Valdecañas tras conocerse ayer que el Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso presentado por la Junta para evitar su derribo. Según García Calle, «el TS ha acertado, el recurso no tenía ningún fundamento jurídico».

«Lo que queda es que la Junta lleve a cabo la demolición completa de todo lo que está urbanizado, según sentenció el TS».

Fernando Baselga reconoció ayer que no sabe cuál es la solución para Valdecañas, pero aseguró que si finalmente la orden de derribo sigue adelante se pondrá «en la puerta junto a los extremeños para evitar que entren las máquinas». SegúnBaselga, el complejo es «un ejemplo de complemento entre la naturaleza y el progreso económico».

Irene de Miguel pide a la Junta que deje de «gastar dinero público en defender lo indefendible». Según De Miguel, Valdecañas se construyó «a sabiendas de que era ilegal», y desde entonces la Junta intenta «pasar por legal algo que es manifiestamente ilegal», «lo están diciendo todos los tribunales, desde el Supremo hasta el Superior de Justicia de Extremadura».