La Junta avalará hasta el 95% de las hipotecas a los jóvenes a partir de 2024

Una disposición adicional del texto del proyecto de ley establece que durante 2024 se fijará la forma de colaboración con entidades financieras para conceder hipotecas por encima del 80% del precio de adquisición de la vivienda y hasta un 95%. La medida estará destinada a los jóvenes que quieran afrontar una compra y que no dispongan del ahorro necesario para ello.

Para ello, se considerará precio de adquisición el valor de tasación de la vivienda y de los anejos vinculados, como podría ser un trastero. En caso de que el coste recogido en el contrato o la escritura pública de compraventa sea mayor, se tomará esa cifra como referencia.

De esta forma, se darán facilidades para la adquisición de una vivienda. En la actualidad, las entidades financieras conceden hipotecas por el 80% del valor, lo que obliga a los compradores a disponer del 20% restante, así como una cantidad adicional para otros gastos. La Junta de Extremadura avalará hasta un 15% adicional para que el banco aumente su aportación, con lo que sólo habría que disponer de un 5% del total más los gastos añadidos. En caso de que el comprador no pudiera hacer frente a la devolución del crédito, la Administración regional estaría obligada a asumir esa parte.

Esta medida se llevará a cabo mediante el Fondo de garantía de adquisición de vivienda de Extremadura, de nueva creación en las cuentas de 2024. Según recogen los presupuestos autonómicos, su dotación inicial será de 3 millones de euros.

La documentación que acompaña al proyecto de ley de Presupuestos añade que este instrumento financiero pretende ayudar «a solventar las actuales barreras para la financiación en la adquisición de vivienda, en especial, las que debe superar la población joven».

De momento se trata sólo de un proyecto, ya que el único compromiso que recoge la ley es la intención de cerrar durante el próximo año acuerdos con entidades financieras para sostener esta herramienta. De esa forma, aún se desconoce cuándo estará operativa. Además, será necesario definir cuestiones como la edad de las personas que pueden acogerse a este mecanismo y el precio máximo de las viviendas que serían avaladas. Pero de entrada ya se crea el fondo que financiará estas operaciones y se destina una dotación de 3 millones para su funcionamiento.

La puesta en marcha de esta medida en materia de vivienda, que ya fue planteada por el Gobierno regional del socialista Fernández Vara, tiene precedentes en otros ejecutivos regionales que han adoptado mecanismos similares.

La Comunidad de Madrid creó el pasado año el programa Mi primera vivienda, destinado a facilitar el acceso a una hipoteca con una financiación por encima del 80% del valor del inmueble. Para ello, los solicitantes deben tener menos de 36 años, acreditar su residencia en la región durante los dos últimos años y tratarse de la primera adquisición de vivienda en propiedad. El precio de compra, sin contar con gastos e impuestos, debe ser igual o inferior a 390.000,00 euros.

Por su parte, Andalucía ha creado este año el Programa de garantía vivienda joven, también para jóvenes hasta los 35 años de edad. Consiste en ofrecer una garantía de hasta el 15% del precio de referencia de la vivienda una vez que la entidad bancaria haya aprobado la hipoteca del 80%. Con ello, la financiación total pueda alcanzar el 95%, como plantea Extremadura. El precio de referencia máximo de la vivienda y anejos es de 295.240 euros, aunque se puede aumentar un 20% en función del grado de eficiencia energética.

Junto a esto, el Gobierno nacional de Pedro Sánchez también ha puesto en marcha una medida muy similar. A través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) contempla la concesión de avales por importe del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes hasta 35 años y familias con menores a su cargo. El objetivo es facilitar el acceso a la financiación necesaria para la adquisición de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo. La intención es llegar a 50.000 operaciones. Para ello, se exigen unos ingresos máximos de 37.800 euros brutos al año, aunque se amplía si la vivienda es adquirida por dos personas y en función del número de hijos o si se trata de una familia monoparental.