La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, critica la gestión sobre fondos europeos que hizo el Gobierno del PSOE en las dos últimas legislaturas. A su juicio, no hizo lo suficiente para agilizar el uso y certificación ... de esos fondos, lo que hace que actualmente haya millones de euros pendientes de verificación administrativa, una labor que debe realizarse antes del próximo mes de marzo.
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Manzano ha hecho balance del estado de ejecución de los distintos mecanismos, aunque ha incidido especialmente en los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE) y Empleo Juvenil. En los tres casos, forman parte del periodo 2014-2020 y los gastos deben realizarse antes del 31 de diciembre de 2023. Para ello, hay que pasar por distintas fases, desde la autorización (cuando se licita una obra, por ejemplo) al compromiso (cuando se adjudica) y posteriormente a la obligación y pago (cuando se realizan los trabajos). Con el dinero ya gastado se pide a la Unión Europea que aporte la parte que le corresponde.
Para ello, tras realizar el pago hay que llevar a cabo una serie de verificaciones administrativas. En el caso de estos fondos, deben estar listas en marzo de 2024 para pedir a continuación el reembolso. Tras esto llega la certificación, que es cuando la Unión Europea abona su parte. Hay que elaborar una serie de documentos de cierre, para lo que hay de plazo hasta 2025. Pero hay varias excepciones y además en este caso se han flexibilizado las normas para adaptarse a los retrasos sufridos por la pandemia y la guerra de Ucrania.
La consejera de Hacienda ha explicado que a 31 de julio, cuando el equipo de María Guardiola se hizo cargo del Gobierno regional, había 290 millones de euros pendientes de certificar del Feder, 105 del FSE y 28 de Empleo Juvenil. En total, 423 millones de euros para los que en ese momento apenas había ocho meses de plazo para verificar. Manzano no ha aportado cuál es la situación actual, dos meses después. «Estamos en una situación crítica», ha añadido, aunque tampoco ha precisado qué cantidad de estos fondos se podría perder si no se realiza a tiempo la labor de certificación.
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«Ahora mismo el esfuerzo de esta consejería está centrado en ejecutar los máximos fondos posibles para minimizar en lo posible su pérdida», ha indicado Manzano. La consejera de Hacienda ha recalcado que la certificación media anual realizada por el anterior Gobierno sobre estos programas, en vigor desde los años 2015 y 2016, es de 104,5 millones de euros para el Feder, de 41,3 millones para el FSE y de 6,9 millones de euros para Empleo Juvenil. Sin embargo, su departamento se ha encontrado con 423 millones para los que apenas hay ocho meses de plazo. Eso sí, hay que tener en cuenta que para realizar una obra hay que elaborar el proyecto, licitar los trabajos y posteriormente proceder a su ejecución, lo que supone años de trámites. Esto implica que las labores de certificación se acumulen al final de cada periodo.
La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa Ramos, ha añadido que preocupa tanto la premura de realizar el gasto en los tres meses que quedan de 2023 como el trabajo posterior de verificación y certificación. Para ello, ha señalado que sería bueno superar en un 10 o 15% la ejecución asignada, ya que posteriormente puede haber correcciones por gastos no elegibles. Según datos de la Comisión Europea, a 30 de junio, y sólo en el caso del programa Feder de Extremadura, había gastos en marcha que superaban en un 50% el coste total del programa (1.572 millones para 1.026 millones de euros), aunque sólo se había gastado el 63% (651 millones).
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En cuanto a otros fondos, el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, que concluirá a finales de 2025, tenía a 31 de julio un porcentaje de ejecución del 66,34%. Respecto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se ha ejecutado por debajo del 20% de los 752 millones asignados a la región, «un escasísimo grado de ejecución que pone en grave riesgo el cumplimiento de los hitos y objetivos marcados».
Ante esta situación, se han creado grupos de trabajo específicos en la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos y se ha reforzado la plantilla con dos personas. En el caso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Junta afirma que se ha instado a las consejerías a que pongan de manifiesto ante los ministerios responsables la necesidad de revisión y modificación de los proyectos asignados a la región.
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Tras estas críticas, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha asegurado que «el Gobierno de María Guardiola miente», ya que el gasto está ejecutado y sólo falta la verificación y el control, para lo que el Gobierno de Fernández Vara reforzó los equipos pertinentes. Por eso, ha pedido «que se pongan a trabajar».
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