La Junta de Extremadura aportará 372.835 euros para ayudar a los municipios con mayor riesgo de sufrir inundaciones a tener un Plan de Actuación Municipal (PAM) ante este tipo de episodios. La ayuda no ha sido aprobada ahora, como reacción al temporal que ha ... matado a al menos 214 personas en la provincia de Valencia, sino que la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social la puso en marcha tras el pasado verano. En concreto, se licitó en septiembre, en dos pliegos distintos que están ahora en fase de evaluación.
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El dinero se lo repartirán entre 61 municipios que están obligados a tener uno de estos protocolos. Son todos aquellos que están en alguna de estas cuatro situaciones: presentan un riesgo extremo (Badajoz y Coria) o alto (doce localidades) según el análisis técnico realizado en su día; están tan cerca de una presa que una fractura en ella afectaría al casco urbano en menos de dos horas; la ola tardaría más pero causaría daños graves; y por último, los que «presentan un cierto interés frente al riesgo de inundaciones como consecuencia de episodios acaecidos en los últimos años».
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Antonio J. Armero
Antonio J. Armero
28 Poblaciones de Badajoz
Acedera, Calamone, Cordobilla de Lácara, La Albuera, Don Benito, La Garrovilla, Guadiana, Guareña, Jerez de los Caballeros (*), Medellín, Mérida, Pueblonuevo del Guadiana, Rena, Solana de los Barros, Talavera la Real, Torremayor, Villanueva de la Serena (*), Badajoz, Mengabril, Montijo, Puebla de la Calzada (*), La Roca de la Sierra, Trujillano, Valdelacalzada, Valdetorres, Villagonzalo, Villalba de los Barros y Villar de Rena. Con un asteriso, cuando la afección es solo a alquerías, pedanías, poblados o similares.
33 Poblaciones de Cáceres
Alcántara (*), Alcollaríni, Aldeanueva del Camino, Aldehuela de Jerte, Aliseda, Almaraz, Baños de Montemayor, Cabezuela del Valle, Campo Lugar, Cañamero, Carcaboso, Casares de las Hurdes (*), Casas de Don Antonio, Coria, Hervás, Madrigalejo, Plasencia, Valverde de la Vera, Zarza de Granadilla, Zarza de Montánchez, Caminomorisco (*), Cerezo, Galisteo, Mohedas de Granadilla, Moraleja (*), Nuñomoral, Pinofranqueado, Saucedilla, Navaconcejo, Navalmoral de la Mata, Valdecañas de Tajo (*) y Villar de Plasencia. Con un asteriso, cuando la afección es solo a alquerías, pedanías, poblados o similares.
Pese a estar obligados a tener su PAM desde hace años, a día de hoy solo disponen de él Cáceres y Coria. La primera no está en el listado de 61 beneficiarios de la ayuda en trámite porque su protocolo es reciente, pero sí aparece Coria porque aunque dispone de plan, es antiguo y le conviene una actualización.
Los dos concursos públicos persiguen acabar con un déficit histórico, que se explica entre otros motivos por las limitaciones presupuestarias que caracterizan a la mayoría de los ayuntamientos. Una de las licitaciones es para elaborar los planes, por valor de 258.183 euros. Y la otra es para la «revisión, supervisión y actividades para implantarlos», y su importe asciende a 372.835 euros.
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Las dos convocatorias se sufragarán con fondos europeos del POCTEP (Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal) y se enmarcan en el proyecto europeo 'Redes de alerta temprana para la teledetección de riesgos derivados del cambio climático'. También los dos incluyen ayudas para hacer esto mismo pero con planes contra los incendios forestales (más datos en la noticia adjunta).
En el listado de 61 localidades, hay ocho cuyos Planes de Actuación Municipal son definidos como «significativos o de especial relevancia». Son Plasencia, Coria, Moraleja, Hervás y Navaconcejo en la provincia de Cáceres, y Badajoz, Mérida y Puebla de la Calzada en la de Badajoz.
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Hay otros que aparecen en la relación porque el riesgo afecta no al municipio en sí sino a alguna pedanía o alquería, como son los casos de Jerez de los Caballeros o Caminomorisco, entre otros (ver listado que acompaña a esta información). Y hay 40 poblaciones que están en la relación por su proximidad a presas. Para estas últimas, «los PAM presentarán un contenido más reducido, extrayendo la información del Plan o Planes de Emergencia de Presas que afecten al municipio», especifica la documentación del concurso público convocado.
Los demás planes deberán recoger un análisis del riesgo, detallar las zonas más expuestas, los intervinientes en caso de emergencia, una zonificación, un plan de evacuaciones, cartografía, puntos críticos o guía de respuesta, entre otros aspectos.
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La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social explica que decidió destinar fondos europeos «a dar cobertura a esta carencia a pesar de tratarse de una competencia municipal». Y avanza que los dos concursos «se resolverán previsiblemente a principios de diciembre».
En los pliegos de prescripciones técnicas de las dos licitaciones, que firma el jefe del servicio de Protección Civil, Pedro Monzón González, se explica que el presupuesto servirá, entre otros aspectos, para pagar al personal que desarrollará los trabajos que se encargan. Serán tres profesionales: un titulado universitario «con formación académica en estudios hidrológicos de cuenca y modelización hidráulica, con experiencia en la materia de al menos dos años»; otro con un perfil similar pero sin la exigencia de formación en el ámbito hidrológico; y por último, un delineante competente en Sistemas de Información Geográfica.
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El plazo de ejecución es de 17 meses en el caso de la licitación para elaborar los Planes de Actuación Municipales, y de 15 para la de su revisión, supervisión e implantación. Esto significa que deberían estar listos en la segunda mitad del año 2026. Estas actuaciones tienen como documento de referencia el Inuncaex o Plan Especial de protección civil de riesgo de inundaciones de Extremadura.
Los casi 373.000 euros que la Junta de Extremadura destinará en los dos próximos años a ayudar a los municipios con mayor riesgo de inundaciones a elaborar e implantar sus Planes de Actuación Municipales forman parte de un proyecto que también recoge una partida para hacer lo mismo con los incendios forestales. Son dos licitaciones, una para elaborar los planes y otra para revisarlos, supervisarlos e implantarlos, y entre ellas suman 989.058 euros, lo que significa que para los protocolos contra el fuego en el monte son 616.223 euros.
La cuantía es mayor para luchar contra el fuego que contra el agua entre otras razones porque afecta a más localidades. Frente a las 61 que han de tener un Plan de Actuación Municipal ante Inundaciones (PAM), son 141 las que deben disponer de uno contra los incendios forestales, un problema que ha ido creciendo en Extremadura y en España en los últimos años, entre otros motivos por el aumento de las masas forestales sin gestionar, como consecuencia del abandono del medio rural.
Los planes, tanto los de inundaciones como los de incendios, «recopilan información de referencia con detalles muy específicos a escala municipal, y permiten conocer la realidad física concreta de los municipios y así establecer sistemas de avisos a la población para aquellos que son objeto de este pliego», según se explica en las prescripciones técnicas de las dos licitaciones.
Tanto una como otra se sirven de fondos europeos, en concreto del programa de cooperación transfronteriza ibérica POCTEP, dentro del proyecto comunitario 'Redes de alerta temprana para la teledetección de riesgos derivados del cambio climático'.
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