La Junta deberá tramitar los grandes centros de ocio en cinco meses

La Junta de Extremadura deberá tramitar las solicitudes de grandes centros de ocio en un plazo de cinco a seis meses. Apartir de ese momento, las empresas dispondrán de otros seis meses para iniciar las obras. De esa forma, el proyecto empezaría a hacerse realidad apenas un año después de que se registrara ante la Administración regional.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, anunció el miércoles una iniciativa para crear un marco jurídico específico para grandes instalaciones de ocio de alcance internacional. Para agilizar los trámites, se llevará adelante como propuesta de ley en lugar de como un proyecto del Gobierno regional.

El Grupo Socialista registró este jueves esta propuesta, con lo que comienza su tramitación parlamentaria. En la presente legislatura este tipo de iniciativas se han resuelto en un plazo aproximado de tres meses. Como el PSOE no tiene mayoría, deberá contar con el voto favorable o la abstención de PP o Podemos.

La propuesta plantea un marco legal para permitir la instalación en Extremadura de complejos de grandes dimensiones que aúnen establecimientos de turismo (hoteles, balnearios, equipamientos culturales, centros de congresos, campos de golf o de recreo acuático) con otros destinados al ocio adulto (casinos, bingos, salas de juego, etc.).

El objetivo es dar cobertura jurídica a iniciativas empresariales que pretendan implantar de forma sostenible una instalación de ocio de alta capacidad y destinada al turismo internacional.

Como adelantó Fernández Vara, tendrán la consideración de grandes instalaciones de ocio aquellas que planteen al menos la ocupación de 1.000 hectáreas, una inversión global de 1.000 millones de euros, la creación de 2.000 puestos de trabajo directos y la generación de 3.000 plazas hoteleras. También deberán depositar una fianza de 10 millones de euros. Estos requisitos son mínimos, por lo que podrían verse ampliados. De hecho, el proyecto que se plantea en la comarca de la Siberia, en Castilblanco, supera con creces algunos de esos parámetros.

Los usos propuestos para el suelo podrán ser terciario, dotacional y residencial, sin que la edificabilidad destinada a viviendas supere más de un 20% del total de la actuación. Además, será necesario destinar un 10% del terreno a un espacio singular dedicado a la preservación de la biodiversidad autóctona.

El procedimiento se iniciará mediante la presentación del proyecto a la Junta. Deberá incluir una memoria con datos de la empresa, actividades, ubicación, anteproyecto urbanístico (se tramitará como un proyecto de interés regional), estudio ambiental preliminar y estudio económico-financiero. También tendrá que contener informes sobre creación de puestos de trabajo, programación de las obras e infraestructuras requeridas. Asimismo, deberá acreditar un capital social mínimo de 600.000 euros por cada uno de los casinos que proponga.

Una vez recibida la solicitud, la Junta creará una comisión interadministrativa especial que, en un plazo máximo de un mes, deberá examinar el proyecto, tras lo que emitirá un informe técnico. Dentro de ese periodo se dará quince días de audiencia a los ayuntamientos afectados.

Concluido este paso, la comisión especial mandará, si procede, una propuesta de calificación de gran instalación de ocio. La aprobación corresponderá al Consejo de Gobierno y se hará mediante un decreto que deberá incluir las actividades, usos y juegos autorizados, así como un cronograma de ejecución. En ese momento la fianza se elevará al 2% del coste total.

La calificación de gran instalación de ocio implicará reducir los plazos de tramitación a la mitad. Asimismo, supondrá la concesión del interés público y social a efecto de expropiaciones. Si el proyecto incluye casinos, la autorización abarcará a todo tipo de juegos de azar contenidos en la legislación extremeña.

También acarreará la aprobación inicial de un plan de ordenación, el documento que integrará los permisos ambientales y urbanísticos. En un plazo máximo de tres meses se completará la evaluación ambiental, la exposición al público y el plan de seguridad y emergencias.

Superado ese plazo, la aprobación definitiva del plan corresponderá al Consejo de Gobierno, lo que facultará para obtener las licencias de obra. En total, la intervención de la Junta ocupa de cinco a seis meses.

Los trabajos deberán comenzar en un plazo máximo de seis meses desde la publicación del plan de ordenación. El periodo de ejecución no podrá pasar de cinco años. Una vez terminadas las obras, los promotores tendrán seis meses para poner en uso al menos el 50% del recinto y un año para su apertura completa.

Entre los aspectos más destacados de la propuesta de ley, que fueron adelantados por Fernández Vara el pasado miércoles, se encuentran las ventajas legales y fiscales que se conceden a estos proyectos.

En el primer caso, se establece que los grandes centros de ocio dispondrán de libertad de horarios comerciales. Asimismo, se exime de la aplicación de las normas sobre aprobación de casinos recogidas en la legislación extremeña, que exige la concesión por concurso público y limita las autorizaciones a una por cada 500.000 habitantes.

En cuanto al régimen fiscal, se establece un tipo fijo del 15% para los casinos. Actualmente se aplica ese porcentaje cuando los ingresos no pasan de 2 millones de euros al año, pero a partir de esa cifra llega al 30% (de 2 a 4 millones), 40% (de 4 a 6 millones) y 50% (más de 6 millones).

La aplicación del porcentaje del 15% a los ingresos obtenidos da como resultado la cuota a pagar. Pero se añade una deducción de hasta el 80% de esa cifra, tanto para casinos como para el resto de juegos. Se pretende así compensar la inversión realizada, lo que podrá realizarse de forma fraccionada durante 25 años.

Pero también hay requisitos. Los promotores deberán constituir, transcurrido un año desde la fecha de apertura del complejo, un Fondo de Sostenibilidad Social Corporativa para actuaciones de interés general en el ámbito del patrimonio histórico, cultural, natural, de eficiencia energética e inclusión social. Se nutrirá anualmente con una aportación de al menos 3 millones de euros, cifra mínima actualizable.