La Junta defiende la tramitación del vertedero de Salvatierra

La Junta de Extremadura defiende la tramitación que se está llevando a cabo para la instalación de un complejo dedicado al tratamiento de residuos que se quiere instalar en Salvatierra de los Barros y que incluye un vertedero de materiales peligrosos y no peligrosos. Asimismo, ha indicado que si el proyecto no supera la evaluación ambiental no podrá hacerse realidad.

La empresa 3RS Gestión, que cuenta con centros similares en Murcia, plantea invertir más de 30 millones de euros en la construcción de un complejo con capacidad de tratamiento de más de 290.000 toneladas al año, de las que casi 224.000 serían de residuos no peligrosos y 68.500 peligrosos. Estaría ubicado a unos tres kilómetros al sureste de la localidad de Salvatierra de los Barros, con acceso por la carretera que une esta población con Zafra, aunque también se plantea una entrada secundaria por el sur.

En torno a 178.000 toneladas al año, 488 al día, se destinarían a vertedero dentro de un recinto que cuenta con una superficie total de 89 hectáreas. De ellas, 121.000 serían de residuos no peligrosos y 57.000 de residuos peligrosos, que serían sometidos a un proceso de inertización. El resto de la capacidad de tratamiento máxima, 112.000 toneladas, se sometería a reciclaje. Para ello, la planta contaría con naves de separación y tratamiento.

Según la información expuesta al público, se pretende dar servicio a las industrias de Extremadura, que actualmente deben enviar sus residuos a otras comunidades. Pero también se indica que en torno a la mitad de los materiales a tratar llegaría de Andalucía. Asimismo, recoge que un complejo de menor tamaño no sería rentable.

La previsión de la empresa es crear 60 empleos en la fase de obras y 25 en el funcionamiento de la planta. Su intención es disponer de la autorización ambiental integrada, que concede la Junta, a comienzos del próximo año, con lo que dedicaría 2023 a las obras con la vista puesta en la apertura completa a principios de 2024. La estimación es alcanzar el máximo de actividad en tres años.

El portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio González, ha explicado que la Administración regional está obligada a tratar este proyecto como cualquier otro, para lo que se ha abierto un proceso de información pública mientras los técnicos de la Consejería para la Transición Ecológica siguen estudiando la documentación presentada.

En cuanto a las protestas de vecinos de Salvatierra de los Barros, el portavoz de la Junta ha mostrado su «máximo respeto». Pero ha recordado que durante esta fase cualquier persona interesada puede consultar la documentación y presentar las alegaciones que considere oportunas.

«Te puede gustar o no», ha indicado, a lo que ha añadido que la Administración regional debe dar seguridad jurídica a la empresa y cumplir con los pasos de tramitación. «Si no cumple, pues lógicamente no se podrá instalar».

Del mismo modo, si del análisis ambiental se concluye que el proyecto es viable, se concederán los permisos pertinentes. Lo contrario, ha afirmado Juan Antonio González, sería incurrir en prevaricación.

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