El último año de aplicación del impuesto de patrimonio en la región generó unos ingresos de 5,7 millones de euros para la Junta de Extremadura. En la declaración de 2022 un total de 1.196 contribuyentes abonaron una media de 4.763 euros de ... una figura tributaria que fue suprimida el pasado ejercicio por el Gobierno regional de María Guardiola.
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La reforma fiscal que llevó a cabo el Ejecutivo autonómico en septiembre del pasado año introdujo una bonificación del 100% de la cuota una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones reguladas por la normativa estatal. De esa forma, sólo están obligados a presentar declaración los contribuyentes que tengan bienes o derechos por un valor superior a 2 millones de euros, aunque ya no tienen que pagar.
Esta medida fue aprobada por el Gobierno de PP y Vox. Tras la ruptura del acuerdo entre estos partidos, la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2024 ha vuelto a poner de relieve este impuesto, ya que el PSOE ha pedido que se vuelva a aplicar en Extremadura, una opción que descarta el Ejecutivo autonómico.
La supresión de esta figura en la comunidad entró en vigor con efecto retroactivo a 1 de enero de 2023. Como la obligación de pagar se produce el 31 de diciembre, el último ejercicio en el que se aplicó este impuesto en la región fue 2022, cuya declaración se presentó el pasado año. La Agencia Tributaria ha publicado este mes la estadística correspondiente con datos sobre contribuyentes y su patrimonio.
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Según estos datos, en el último año de aplicación del impuesto hubo 1.236 declarantes en la región, de los que finalmente 1.196 tuvieron que pagar por este gravamen. Estas cifras son ligeramente inferiores a las del ejercicio anterior, cuando se llegó a 1.284 declarantes, de los que 1.242 tuvieron cuota positiva.
El patrimonio total fue mayor, ya que pasó de 2.710 millones de euros en 2021 a 2.894 millones en 2022. Pero debido a las normas de aplicación del impuesto (como los bienes exentos y otras limitaciones) la base liquidable, sobre la que se aplica el gravamen, descendió de 851 millones de euros en 2021 a 800 millones en 2022. Eso explica que la recaudación bajase de 5,9 millones a 5,7 en el último ejercicio.
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Del patrimonio total de los 1.236 declarantes del impuesto en 2022, algo más de 2.894 millones de euros, la mayor parte, 2.178 millones, corresponde a capital mobiliario. Del resto, destaca que 525,5 millones proceden de bienes inmobiliarios.
Más mujeres que hombres
En cuanto al perfil de los declarantes en la región, algo más de la mitad, 623, son mujeres, mientras que 613 son hombres. Sin embargo, el patrimonio se concentra sobre todo en estos últimos, con más de 1.550 millones de euros en bienes por 1.343 del colectivo femenino.
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Tras la aplicación de las normas del impuesto, los hombres pagaron una media de 5.300 euros en la región en la última declaración, mientras que las mujeres se quedaron por debajo de 4.300 euros.
Los 64 más ricos acaparan el 43% de los bienes
El impuesto de patrimonio grava a los más ricos, aquellos que por norma general tienen más de 2 millones de euros en propiedades. En la región cumplen ese criterio algo más de 1.200 personas, según los datos estadísticos de los últimos años. En el ejercicio 2022, el último en el que se aplicó este gravamen, sumaban cerca de 2.900 millones de euros en bienes, a una media de 2,34 millones. Sin embargo, en realidad la riqueza de la región se concentra en muy pocas manos. Las cifras que publica la Agencia Tributaria señalan que apenas 64 contribuyentes acumulan cerca del 43% del patrimonio total, cerca de 1.235 millones de euros. En este caso, la media es de 19,3 millones en propiedades. La supresión del impuesto de patrimonio no supondrá un ahorro para todos los contribuyentes que han venido pagando por esta figura en Extremadura en los últimos años. Como respuesta a las comunidades autónomas que han eliminado este gravamen, el Gobierno creó el impuesto a las grandes fortunas, que se aplica a los que acumulen más de 3 millones de euros en propiedades. De esa forma, buena parte de los declarantes de la región tendrán que empezar a pagar por este impuesto, del que podían deducir lo abonado por el de patrimonio. Eso sí, se reducirá el número de afectados, ya que el límite por el valor de los bienes es mayor. Además, los fondos no irán a las arcas autonómicas, sino a las estatales.
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