La Junta destinará 12 millones de euros en pagar una subida del 0,5% a los empleados públicos

El acuerdo entre el Gobierno y las centrales sindicales estableció un incremento fijo del 2% para 2024, al que se podría añadir otro 0,5% si la suma del IPC armonizado de 2023 y de 2024 superara el 6%. «Ha sido así porque la inflación se ha disparado y, por tanto, estamos a la espera de que se nos abone ese 0,5%», explica Benito Román, presidente autonómico de CSIF.

Precisamente esta central protagonizó hace unos días una concentración de protesta ante el Ministerio de Hacienda en Madrid para exigir que el Consejo de Ministros apruebe el ingreso del 0,5 por ciento adicional del pasado año y exigir al Gobierno que se siente a negociar la subida salarial para este año, entre otras reivindicaciones.

También la Junta de Extremadura está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros para abonar en las nóminas de abril a 50.000 empleados el 0,5% adicional que deberían estar cobrando desde el pasado enero.

«Este pago solo está pendiente de que sea aprobado por el Consejo de Ministros. Algo que de momento no se ha producido aunque se trata de un acuerdo que se pactó con los agente sociales en 2022», recuerda la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El abono de este porcentaje adicional en la región conllevará un desembolso para las arcas autonómicas de 12 millones de euros, «que ya está presupuestado», asegura el departamento que dirige Elena Manzano.

No será, en cualquier caso, el único incremento salarial que los 50.000 empleados públicos tendrán en su nómina de abril si finalmente el Consejo de Ministros da el visto bueno al 0,5%. Porque, en cualquier caso, los funcionarios extremeños sí cobrarán el próximo mes el primer pago del 2% que se les adeuda desde 2020, que supondrá un desembolso de 7,5 millones de euros, según los datos facilitados también por la Consejería de Hacienda.

Cabe recordar que los empleados públicos de Extremadura fueron los únicos que en 2020 no cobraron el incremento pactado. Desde entonces han sido muchas las ocasiones en las que los sindicatos han venido reclamando el abono pendiente. El Gobierno regional se comprometió desde el primer momento a hacerlo, aunque la deuda fue contraída por el Ejecutivo anterior, y el pasado diciembre se acordó el abono en tres pagos.

La cuantía total a la que tiene que hacer frente la Junta para cumplir con el pago pendiente asciende a 25 millones de euros. La consejera de Hacienda y Administración Pública explicó el pasado diciembre, al término de la Mesa General de Negociación en la que se acordó el abono del 2% en tres pagos durante los dos próximos años y medio, que asumirlo en un único pago era imposible «con las necesidades que existen en nuestra región».

De esta forma, esos 25 millones de 2020 que se adeudan a los empleados públicos de la región se pagarán en tres veces: el primer pago se realizará el primer cuatrimestre de 2025, el segundo el primer cuatrimestre de 2026 y el tercero el primer cuatrimestre de 2027.

Respecto al primero, la Junta ya ha confirmado que será el próximo mes de abril y CSIF, sindicato más representativo en la administración regional, se ha felicitado por ello. «Cinco años después y tras una lucha incansable, muchas negociaciones y presiones en la calle tanto con el anterior Gobierno regional como también con éste, al final, y aunque con retraso, hemos conseguido que se haga justicia», afirma Benito Román, tras reconocer que «la administración regional actual sí dio el primer paso decisivo, que fue el reconocimiento de la deuda».

No obstante, «nuestra labor no termina aquí y vamos a continuar vigilantes hasta que la totalidad de la deuda sea saldada», dice también Benito Román, «y continuaremos con otras reivindicaciones como la actualización del kilometraje por desplazamiento, el desarrollo de la ley de la Función Pública, la ley de Escalas y Cuerpos, acabar con los retrasos en los traslados, final del proceso de estabilización, concursos de estructura, turno de ascenso carrera profesional o subida salarial, etcétera».

Respecto a la carrera profesional, la central ha reclamado a la Junta la modificación del decreto que la regula porque penaliza la progresión de los empleados públicos. Según explica en nota de prensa, «todos los empleados públicos que han promocionado o ascendido de categoría han visto interrumpido el desarrollo de este proceso desde el momento en el que ingresan en el nuevo puesto, vulnerándose así su derecho a la carrera profesional acorde a su nueva situación».

CSIF pide su modificación porque «este escenario se complicará aún más tras los procesos de estabilización, con la existencia de especialidades como educador o trabajador social, entre otras especialidades, que están incluidas tanto en personal laboral como en personal funcionario, en las que muchos trabajadores cambiarán de régimen u obtengan plaza en categorías diferentes a las que pertenecen».