La Junta Electoral detecta el crecimiento no justificado del censo en cinco municipios

La consecuencia práctica es que si los representantes de partidos políticos desean impugnar el censo de electores (cerrado a fecha de 30 de enero pasado) pueden hacerlo. Eso conllevaría la revisión del mismo y la posible anulación de esos empadronamientos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza un control, ajustado a determinados criterios, para intentar determinar si los censos electorales se han inflado artificialmente.

«Si son sospechosos de ser irregulares», se especifica desde el organismo. Esto es, si se empadrona a gente que no vive en una localidad determinada con vistas a que vote en unos comicios municipales. El INE aplica una serie de criterios estadísticos para ese control.

Para empezar, el análisis se centra siempre en localidades por debajo de los 2.000 electores.

En el caso de los tres municipios pacenses a los que se les ha puesto el foco están en la horquilla de 400 a 800 electores. Castilblanco, con 864 empadronados, tiene un censo provisional de 791 electores; Táliga, 571 electores sobre 663 empadronados y Peraleda del Zaucejo, 425 electores en un padrón de 500 vecinos.

En el de los de Cáceres, Alía roza los 620 electores sobre 761 empadronados y El Gordo, por encima de los 320 sobre 371 censados oficialmente.

Entre los criterios para hablar de aumento «significativo» de la población con derecho a voto se pone en valor aspectos como la tendencia reciente del municipio es cuestión, si gana o pierde población de forma estable y la diferencia (en número y en porcentaje) de altas registradas en el censo respecto a trimestres anteriores y también sobre los seis meses últimos disponibles.

En los casos de los censos de Castilblanco y Táliga, ha saltado la alerta porque hay entre siete y diez electores más respecto a la media del último trimestre y entre once y dieciséis más respecto a la media del semestre. En el de Peraleda, son entre cinco y siete más respecto a la media del trimestre y entre ocho y once en referencia al semestre.

En el de Alía, «estamos hablando de unas cinco o siete personas, no recuerdo, pero quizás la explicación es doble», relata su alcaldesa, Cristina Ramírez a HOY.

«Vamos a abrir una residencia y como hay más demanda que plazas algún residente se ha querido empadronar en el pueblo», señala Ramírez. La otra explicación, dice, tiene que ver con el proyecto de Elysium City de la vecina Castilblanco.

«Hay gente que nos pregunta si lo de Elysium City va a salir y por lo que sabemos va para adelante. Cuando eso se lo hemos comentado a más de una persona nos han dicho que se van a empadronar en Alía», agrega la regidora.

En todo caso, la alcaldesa de Alía rechaza de plano que el incremento del censo en su pueblo tenga que ver con las elecciones. «Aquí eso no se hace. Actuamos siempre con transparencia. El problema, quizás, es que como no tenemos policía local cuando viene gente a empadronarse no tenemos a esos agentes para ver si realmente vive o no en la casa en cuestión. Eso solo, no por cuestión electoral», remata.

«No tengo ni idea por qué ha sido así. Aquí han venido ahora personas mayores que vivían en Madrid y se empadronan en el pueblo. Es lo que puedo decir», añade María de los Ángeles Merino, alcaldesa de Castilblanco, quien dijo ayer a este diario desconocer que su localidad estaba en ese listado del INE que ya ha llegado a la Junta Electoral.

Desde el INE se subraya que ese listado se hace público una vez que se ha pedido a los ayuntamientos justifiquen ese aumento «significativo» de los electores. En determinados casos, ha respondido el organismo a este periódico, algunas de esas altas se han justificado pero en otras no y, por este motivo, se ha dado traslado a la Junta Electoral Central y se ha publicado el listado de municipios bajo sospecha. Son datos cerrados el pasado martes.

En el conjunto de España hay 237 municipios los que se encuentran en esa situación. La inmensa mayoría se sitúa en Castilla y León.

Las provincias de Burgos y León encabezan los ejemplos de España en los que la Oficina del Censo Electoral anota irregularidades no justificadas en el número de votantes. También aparecen localidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón.