La Junta de Extremadura promueve de forma urgente una simplificación de la ley de urbanismo

La Consejería de Infraestructuras plantea una modificación de carácter urgente, para lo que recurre a una tramitación poco ortodoxa. En concreto, ha incluido estos cambios en la fase de presentación de alegaciones al proyecto de Ley de cohesión e igualdad territorial, actualmente en fase de exposición pública.

Infraestructuras inició la tramitación de esta norma a mediados del pasado mes de septiembre con un plazo de consulta pública previa. Tras esto, en octubre se abrió un periodo de presentación de sugerencias, destinado a recibir alegaciones o correcciones de personas o entidades. En noviembre se repitió ese paso.

En ese último proceso la Secretaría General de Vivienda, que también forma parte de la Consejería de Infraestructuras, presentó una alegación que contiene la revisión de más de una veintena de apartados de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, conocida como Lotus. Esta norma fue aprobada en el año 2018 por el Gobierno regional del socialista Fernández Vara y ya ha pasado por cuatro modificaciones puntuales, la última en 2023.

Este modo de proceder no es el habitual, más aún en una ley de tanto calado como la Lotus por su implicación para los ayuntamientos de la región y para cualquier proyecto constructivo de iniciativa privada. Aunque las modificaciones anteriores también se han realizado principalmente mediante añadidos a otras normas, al recurrir a una alegación a otro proyecto, que además parte de la misma consejería, Infraestructuras supera trámites como la consulta previa o la presentación de sugerencias, algo que por lo que ya ha pasado la Ley de cohesión e igualdad territorial. También evita la emisión de informes sobre la necesidad e idoneidad de la reforma, así como los que competen a otros departamentos de la Administración regional.

En cualquier caso, esto no implica que la modificación que se plantea pierda base legal, ya que aún es necesario realizar más trámites. De hecho, se trata de un proceso que está en marcha, por lo que no se descartan más modificaciones en la Lotus. Sin olvidar que cualquier cambio en la ley deberá contar con el visto bueno de la Asamblea de Extremadura, en la que además el Gobierno regional no tiene una mayoría asegurada.

A falta de una exposición de motivos que explique los cambios, la justificación de esta nueva modificación está en el interés del Ejecutivo autonómico del PP de simplificar los trámites y reducir la carga administrativa, tanto en la gestión del urbanismo como en la promoción de viviendas.

En este último caso, destaca la derogación de la licencia de primera ocupación, un trámite que actualmente hay que realizar cuando concluye una obra para comprobar que se ha seguido con lo recogido en el proyecto. En tal caso, el ayuntamiento correspondiente concede el permiso para que se pueda utilizar, de ahí su nombre.

Extremadura seguirá el camino iniciado por otras comunidades autónomas y sustituirá este trámite por una declaración responsable, lo que agilizará los trámites y reducirá la carga administrativa a las entidades locales. Entre otros trámites, bastará con presentar un certificado final de obra y manifestar que se han cumplido los condicionantes recogidos en la licencia de obras.

Las declaraciones responsables de primera ocupación serán objeto de control posterior. Para ello, las entidades locales podrán regular mediante ordenanza su contenido y el procedimiento de comprobación de los datos recogidos por los interesados.

Además de derogar el artículo correspondiente a la licencia de primera ocupación, también se modifican otros preceptos en los que la ley actualmente en vigor hace referencia a ese trámite, como en el apartado dedicado a las infracciones.

La reforma que plantea el Gobierno regional también implica cambios en la gestión del suelo rústico. Por ejemplo, se propone incluir en el apartado de usos permitidos las actividades de almacenamiento de energía, lo que facilitará el desarrollo de proyectos vinculados a plantas fotovoltaicas.

Asimismo, la reforma flexibiliza la modificación de los proyectos de delimitación de suelo urbano y reduce las exigencias para los municipios que no cuentan con planeamiento urbanístico, a los que la Lotus concedía un plazo de seis años para regularizar su ordenamiento.