La Junta de Extremadura regulará por decreto las residencias escolares públicas

Hay en la comunidad autónoma 12 centros de este tipo, de los que nueve están en la provincia de Cáceres y 3 en la de Badajoz. En concreto, están ubicados en Badajoz, Cabeza del Buey, Alburquerque, Hoyos, Jaraíz de la Vera, Madroñera, Plasencia, Trujillo, Caminomorisco, Cáceres, Navalmoral de la Mata y Hervás. Atienden a alumnos de Primera, Secundaria, Escuelas Hogar y enseñanzas de Régimen Especial.

«En la actualidad, todas las residencias de estudiantes y escuelas hogar cuentan en plantilla con educadores, cocineros, ayudantes de cocina y camareros -sitúa UGT-. Algunas también cuentan con encargado, vigilante, intendente, oficial de segunda de mantenimiento, ATS y ordenanzas, y el número total asciende entre 70 y 90 trabajadores». «Este borrador -explica el sindicato- introduce cambios organizativos y de personal muy importantes, entre otros, dotar a los centros de un mínimo de tres docentes, en detrimento de los educadores sociales, de los cuales solo quedaría uno, atribuyendo funciones de custodia y atención integral a los primeros. Estas funciones han sido hasta ahora desempeñadas por los educadores y son propias de su competencia dentro de la intervención socio-educativa en el ámbito de la educación no formal, quedando ahora adscritos al personal de administración y servicios».

«La mayoría de estos centros -continúa UGT- disponen de entre dos y cinco educadores, excepto el de Caminomorisco, que tiene once y pasaría a tener solo uno, según el borrador. Otras categorías no se contemplan o solo aparecen en circunstancias excepcionales, mientras que algunas verán reducido su número al no ajustarse a la dotación de personal prevista en el borrador de decreto». Según el sindicato, los trabajadores «solo conocen pinceladas de la propuesta de decreto», y que el próximo 10 de marzo habrá en el IES Universidad Laboral de Cáceres una reunión entre responsables de la Consejería y de los 12 centros.

Las plantillas, «no se sienten escuchadas ni tenidas en cuenta por la Consejería de Educación y nos trasladan -afirma UGT- su indignación ante la opacidad de una cuestión tan trascendental que afecta a sus puestos de trabajo y sus vidas personales y familiares». De hecho, «el borrador aborda la readscripción del personal afectado, utilizando erróneamente este concepto. Porque si la reubicación planteada implica un cambio de localidad, se trataría de un traslado forzoso, lo que conllevaría indemnización para el trabajador afectado. Estas indemnizaciones podrían ascender, según convenio, a entre 300.000 y 450.000 euros para el total de empleados públicos que previsiblemente se verían afectados».

Frente a esta versión, la Junta de Extremadura explica que el borrador es solo una propuesta, que se ha enviado a los directores de los centros precisamente para que lo enriquezcan con sus aportaciones, y que se hará llegar también al Colegio Oficial de Educadores Sociales y a la asociación regional que aglutina a estos profesionales. «En ningún caso se plantea la posibilidad de sustituir a los educadores por personal docente», asegura la Consejería de Educación antes de añadir que «estos centros seguirán contando, como hasta la fecha, con los recursos humanos y profesionales necesarios para prestar este servicio público educativo».

«Hay que insistir en que estamos solo en una fase inicial y no ante el documento definitivo», refrenda la administración autonómica, que pone en valor que el borrador vendrá a paliar un déficit histórico en cuanto a la organización de estos centros, ya que nunca ha existido un documento que aborde al detalle el uso y funcionamiento de estas residencias. El planteamiento es introducir cambios para adaptar este recurso a los tiempos actuales, explica la Consejería, que cita «el descenso de alumnos alojados en estas residencias año tras año», si bien aclara que la pretensión es «mantener abierta y fortalecer toda la red pública de estos centros».