La crisis política bloquea las funciones de la Junta en presupuestos o grandes obras

Los comicios del 28 de mayo dibujaron un nuevo escenario político en la región. El PSOE se impuso, pero apenas por 6.800 votos de diferencia respecto al PP. Los dos grandes partidos empataron a 28 diputados, 56 en total de los 65 escaños de la Asamblea de Extremadura. La única formación que puede aportar la mayoría necesaria para llegar a 33 es Vox, que cuenta con cinco parlamentarios, mientras que los cuatro de Unidas por Extremadura no bastan para conceder una hipotética investidura al socialista Guillermo Fernández Vara. Con este resultado, la popular María Guardiola tenía todas las bazas para convertirse en la primera presidenta de la Junta.

Un mes después, la relación entre PP y Vox pasa por sus horas más difíciles después de que la falta de acuerdo entre las dos formaciones diera al PSOE no sólo la Presidencia de la Asamblea, sino también la mayoría en la Mesa del Parlamento, el órgano de gobierno interior que tiene entre sus funciones la gestión del presupuesto y la admisión a trámite de iniciativas parlamentarias. Y las declaraciones posteriores de unos y otros no invitan a pensar en una fácil reconciliación.

La repetición electoral es ahora una posibilidad más cercana, lo que prolongaría al ejecutivo en funciones. Desde la sesión constitutiva de la Asamblea del pasado 20 de junio hay un máximo de un mes para que un candidato se someta a la investidura. Fernández Vara ha anunciado que dará ese paso, pero no tiene muchas opciones de repetir como presidente. A partir de la primera votación, para la que aún no hay fecha, habrá dos meses para encontrar un diputado que cuente con los apoyos necesarios para ponerse al frente del Gobierno regional. Si nadie lo consigue, el Parlamento quedará disuelto y se convocarían elecciones.

Desde la publicación del decreto de convocatoria hasta los comicios deben pasar 54 días. Con los plazos máximos se maneja como fecha tope el 19 de noviembre, aunque podría ser antes. A partir de ese día habría un mes para constituir la Asamblea, tras lo cual se abriría de nuevo otro plazo de un mes para votar un candidato a la Junta… En el mejor de los casos, probablemente no habría nuevo gobierno hasta finales de este año o comienzos del próximo. Pero si las urnas volviesen a arrojar un resultado sin mayorías absolutas, podríamos estar como actualmente.

El Estatuto de Autonomía establece que el presidente de la Junta, y con él su gobierno, cesa por la celebración de elecciones, entre otros motivos. En ese caso, debe continuar desempeñando el cargo en funciones hasta la designación de quien ha de sustituirle. En esa situación está por tanto desde el 28 de mayo.

La Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma, del año 2002, precisa que el presidente y su ejecutivo continuarán en funciones a fin de garantizar el normal funcionamiento de la Administración y el adecuado traspaso de poderes hasta la toma de posesión del nuevo equipo. Pero deben limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo supuestos de necesidad urgente o por razones de interés general debidamente acreditados.

Además, el gobierno en funciones no puede aprobar proyectos de ley, lo que incluye a los Presupuestos; ni tampoco mostrar o denegar conformidad a propuestas de ley que impliquen aumento de gastos o disminución de ingresos, entre otras cuestiones.

En 2015 se dio un paso más con la aprobación de la Ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos, que especifica la acción del ejecutivo tras el cese del presidente. Como en la norma anterior, refrendó que se limitará a la gestión del despacho ordinario de los asuntos públicos. Pero precisa otras prohibiciones. Por ejemplo, establece que el jefe del ejecutivo en ningún caso podrá nombrar o separar a los miembros de la Junta y modificar el número y denominación de las consejerías.

Asimismo, los distintos órganos de la Administración de la comunidad, así como de los entes integrantes del sector público autonómico, no podrán de ningún modo suscribir convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la hacienda pública extremeña y aprobar expedientes de contratos de obras sujetos a regulación armonizada, que son los que tienen más de 5.382.000 euros de presupuesto.

Tampoco podrán aprobar expedientes de acuerdos marco, conceder subvenciones de forma directa sin convocatoria pública, publicar convocatorias de procesos selectivos de acceso o de provisión de puestos de trabajo, nombrar personal eventual ni destituir a los altos cargos.

Todas estas cuestiones aclaran qué se entiende por «despacho ordinario de los asuntos públicos», como limitaba de forma genérica la ley de 2002. En conclusión, hasta que no haya un nuevo gobierno no se podrá aprobar el Presupuesto de 2024 ni contratar obras por más de 5,38 millones de euros, una cifra que actualmente se alcanza con cierta facilidad, por citar dos de las cuestiones más importantes.

A esto hay que sumar que, tal como establece la ley electoral, desde la convocatoria de los comicios están prohibidos los actos de inauguración de obras o servicios públicos, así como eventos de difusión de logros o proyectos. Una cuestión que no impide la labor de gobierno pero que supone un condicionante para iniciar nuevos proyectos.

De ese modo, desde el 4 de abril, fecha en la que se convocaron las elecciones autonómicas, la Junta entró en una especie de parón que se hizo plenamente efectivo con la celebración de los comicios el 28 de mayo, momento a partir del cual el Gobierno regional pasó a estar en funciones. Una situación que se podría prolongar hasta enero de 2024. Eso serían nueve meses sin actividad más allá de la gestión ordinaria.