La Junta pagará 900.000 euros más al año por los vuelos desde Badajoz

La Junta de Extremadura pagará 900.000 euros más al año para mantener los vuelos con Madrid y Barcelona que parten del aeropuerto de Badajoz. La previsión es que el próximo 28 de octubre se recuperarán las 30 frecuencias semanales que estaban en vigor antes de la pandemia.

En el año 2018 estas rutas se declararon obligación de servicio público y la Junta asumió el déficit en el coste de explotación a razón de 3,5 millones de euros al año. Para los viajes con Madrid, se incluía dos frecuencias diarias de lunes a viernes (solo una en agosto) y una en domingo, es decir, once vuelos de ida y otros tantos de vuelta a la semana. En cuanto a Barcelona, se incluyen cuatro frecuencias semanales, ocho vuelos en total.

En 2018 salió a concurso el contrato por un total de treinta vuelos semanales con un plazo de ejecución de tres años y uno más de prórroga. Concluirá el próximo mes de octubre. El coste total es de 14 millones de euros, que abona la Administración regional.

Durante la pandemia se suprimieron los vuelos por las limitaciones a la movilidad. Después se fueron recuperando de forma paulatina, pero debido a la reducción en el número de viajeros se limitaron los servicios. Actualmente se prestan veinte vuelos a la semana, seis frecuencias con Madrid y las cuatro con Barcelona.

El consejero portavoz de la Junta, Juan Antonio González, ha destacado que a partir del 28 de octubre, cuando debe entrar en vigor el nuevo contrato, se recuperarán los treinta vuelos semanales. Pero ya no será con el coste de 2018, 3,5 millones al año, sino que ha subido a 4,4 millones. Con ese fin, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado en su reunión de hoy la modificación del convenio con el Ministerio de Transportes para modificar las cifras del acuerdo.

Junto a esto, el Ejecutivo regional ha aprobado las tarifas de la Universidad de Extremadura para el próximo curso, que en el caso de la primera matrícula tendrán el mismo importe que estaba en vigor en el año 2011.

La Conferencia General de Política Universitaria acordó en mayo del pasado año que las comunidades autónomas debían regresar en el curso 2022-2023 a los precios de primera matrícula del 2011-2012 para armonizar las tarifas de todo el país y garantizar la igualdad en el acceso a la educación superior.

El Gobierno regional decidió acometer esa medida en dos fases, al 50% cada una. El pasado año ya se aprobó una primera reducción del coste de la primera matrícula, que en función del grado de experimentalidad (mayor para Ciencias de la Salud y más bajo para Artes y Humanidades) osciló entre 21 y 38 céntimos de euro.

Ahora se alcanza el 100% de la reducción acordada con una rebaja por el mismo importe, entre 22 y 39 céntimos por crédito en primera matrícula. Según la memoria económica que acompaña al proyecto de decreto elaborado por la Consejería de Economía, el impacto de esta bajada es de 240.000 euros.

Asimismo, se cumple otro acuerdo alcanzado el pasado año, que el coste de primera matrícula de los másteres habilitantes y vinculados sea igual al de los grados. Esto implica una rebaja entre 4 y 6 euros por crédito, en función del título de que se trate. La citada memoria calcula un impacto de 160.000 euros.

Por otro lado, se mantiene el fraccionamiento en hasta diez plazos del pago de las matrículas que realice el alumnado de la Universidad de Extremadura y la medida adoptada en el curso 2019/2020 por la que se bonifica el 99% del importe de los créditos correspondientes a las asignaturas aprobadas en el curso académico anterior. González ha destacado que con todo ello «Extremadura es una de las comunidades autónomas donde es más barata la universidad».

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la compra de la finca 'Cansinas del oeste', en el término municipal de Toril (Cáceres), por algo más de 3,8 millones de euros. Se encuentra en las zonas de reserva y uso restringido del Parque Nacional de Monfragüe, por lo que su adquisición resulta de especial interés.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria de las ayudas a entidades locales para la cofinanciación de obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa) por cerca de 5,5 millones de euros. El dinero se destinará a materiales y medios auxiliares para los ayuntamientos que reciban subvenciones del Gobierno para la contratación de personal.