La Junta pide llevar al Constitucional la financiación catalana si se aprueba

La consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, recalca que la medida pactada entre PSC y ERC implica la modificación de varias normas, entre ellas la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). «Espero que no prospere», apuntó. Pero en caso de que salga adelante el Gobierno regional considera necesario presentar un recurso de inconstitucionalidad «para parar esta aberración».

El acuerdo para investir como presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa recoge en su preámbulo el deseo de avanzar en la soberanía de Cataluña, para lo que plantea cuatro principios. Uno de ellos afecta al sistema de financiación común (que abarca a todas las regiones menos a País Vasco y Navarra) en el que también participa Extremadura y que se basa en la recaudación de impuestos por la Agencia Tributaria y la posterior cesión a las comunidades autónomas.

Para PSC y ERC, Cataluña padece una infrafinanciación que se traduce en una insuficiencia crónica que limita la prestación de servicios fundamentales. Para superar esa situación, consideran necesario abandonar un sistema centralizado. «No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad», recoge el acuerdo. Pero el propio documento señala que es necesario modificar las leyes que regulan el sistema.

El objetivo es contar con un sistema de financiación singular basado en una relación bilateral con el Estado y en la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. También se avanzaría en la capacidad normativa para fijar sus propios tipos y deducciones, entre otras cuestiones.

Cataluña haría una aportación a las finanzas estatales por el coste de los servicios que presta allí el Gobierno mediante un porcentaje de participación en los tributos recaudados, al revés de lo que ocurre en la actualidad.

Asimismo, habría una aportación a la solidaridad con el resto de comunidades, pero se pide un esfuerzo fiscal similar (hay impuestos, como el de patrimonio, suprimidos en regiones como Extremadura). Y a esto añade que debe primar el principio de ordinalidad, según el cual los territorios deben recibir en función de lo que aportan.

El cumplimiento del acuerdo queda supeditado a que en el primer semestre de 2025 se cierre un nuevo modelo de financiación en la comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno, al margen del resto de comunidades autónomas. Para ello, se plantea fijar un calendario que parta de la modificación de la Lofca de 1980, de la ley que regula el sistema de financiación en vigor y de la ley de cesión de tributos a Cataluña.

El primer tributo en el que se avanzaría en el nuevo modelo sería el IRPF, a partir de 2026. Adicionalmente, durante 2025 se estudiarían propuestas para la cesión del IVA de pequeñas y medianas empresas y de arrendamientos turísticos. Hasta entonces, el pacto pide incrementar los recursos que llegan a Cataluña, seguir el principio de ordinalidad y mejorar las inversiones estatales en la región.

Para la consejera de Hacienda extremeña, las medidas del acuerdo son inconstitucionales, ya que considera que para generalizar un sistema especial como existe en País Vasco y Navarra es necesario modificar la Constitución.

«Esa cesión anula, aniquila, los recursos de la hacienda estatal, el Estado perdería todos sus ingresos», apuntó ayer Manzano. Esto supondría dejar al Gobierno sin dinero para ejercer sus competencias y por tanto podría implicar una vulneración del principio de igualdad. «Hay territorios que nunca tendrán suficiencia financiera para prestar competencias básicas», como sanidad y educación.

Además, destaca que los impuestos no se pueden territorializar, ya que un contribuyente del IRPF en Cataluña paga por todos sus ingresos, incluyendo si tiene propiedades en Extremadura. «Los impuestos son de titularidad estatal, no son de titularidad autonómica», añadió.

Las consecuencias para Extremadura de una financiación singular para Cataluña son difíciles de evaluar, pero hay una evidencia: si el objetivo es mejorar las cuentas catalanas, con los ingresos actuales el resto de comunidades saldría perdiendo.

Pero aún hay muchas dudas, partiendo de si la reforma de la Lofca, que como ley orgánica requiere una mayoría absoluta, contaría con los apoyos necesarios en el Congreso. Además, hay puntos del pacto que quedan abiertos, como la aportación que debería hacer Cataluña al Estado.

En cualquier caso, el sistema actual perdería una importante fuente de ingresos, fundamentales para la dotación de fondos como el de Garantía y el de Suficiencia, dos de las herramientas del modelo destinadas a compensar diferencias entre regiones. Tampoco sería favorable la aplicación del principio de ordinalidad, ya que implicaría que reciba más quien más aporta.

Según un informe de la Fundación de estudios de economía aplicada (Fedea) sobre la liquidación del sistema de financiación de 2021, Cataluña fue la segunda comunidad autónoma en ingresos tributarios con 25.000 millones de euros, sólo por detrás de Madrid. Sin embargo, en financiación por habitante se situó en noveno lugar. Esto se debió a un saldo negativo de más de 2.000 millones por las normas del modelo en vigor. Por su parte, Extremadura recibió una compensación de 1.580 millones y fue la cuarta región que más recibió pese a ser la cuarta que menos aportó. Sin los ingresos catalanes el sistema tendría menos fondos y el reparto sería menor.