La Junta plantea bonificar al 99% el impuesto de sucesiones

La Junta de Extremadura decide actuar en el marco de la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2018 y plantea bonificar al 99% todas las herencias de padres a hijos, de hijos a padres y entre cónyuges. De aprobarse, la medida tendría un impacto estimado de 5 millones de euros para las arcas regionales.

La consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, explicó ayer que esta medida se incluirá en el proyecto de Ley de Presupuestos autonómicos para 2018, que ahora se empezará a tramitar con el objetivo de que pueda llegar a la Asamblea a mediados o finales de noviembre.

Blanco-Morales señaló que, después de tres reuniones con los grupos parlamentarios, no se ha podido llegar a un acuerdo sobre la ley de medidas tributarias, que debe acompañar a la de Presupuestos. Sobre Ciudadanos dijo que exigía cuestiones que no podía asumir la Junta, mientras que acusó al PP de plantear un diálogo excluyente y de buscar el enfrentamiento con el PSOE. Solo reconoció aportaciones de Podemos, aunque añadió que no todas pueden ser aceptadas.

Como la Junta no ha podido cerrar un acuerdo sobre la ley fiscal, finalmente ha decidido renunciar a una reforma integral e incluir dos medidas tributarias en el texto articulado de la Ley de Presupuestos, en el que se pueden realizar modificaciones puntuales. Una afectará al IRPF, como anunció el presidente extremeño, Fernández Vara, en el debate sobre el estado de la región. La idea es rebajar un punto el primer tramo autonómico, lo que tendría como efecto una pérdida de ingresos de 10 millones de euros. Como este tributo se paga por tramos de renta, la medida afectará a todos los contribuyentes, aunque habrá que esperar a la redacción propuesta para conocer su alcance.

La segunda reforma, anunciada ayer, afecta al impuesto de sucesiones. Consistirá en una bonificación única del 99% de las herencias de los grupos I (descendientes o adoptados menores de 21 años) y II (descendientes o adoptados de más de 21 años, cónyuges, ascendientes y adoptantes). Es decir, si al realizar el cálculo del tributo hay que pagar 8.000 euros, con esta bonificación solo habría que abonar 80 euros.

Como en el caso anterior, habrá que precisar su alcance en la redacción que se plantee. Por ejemplo, si quedarán fuera de esta rebaja las herencias que superen cierta cifra, tal como se recoge en la regulación autonómica en vigor, que fue aprobada por el PP en 2015.

Por tanto, la medida no afectará a los grupos III y IV del gravamen (colaterales en segundo, tercer y cuarto grado: entre hermanos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos, entre primos, etc.). Blanco-Morales recalcó que ninguna comunidad autónoma bonifica estos supuestos. También se mantendrá sin cambios el impuesto de donaciones.

La consejera de Hacienda destacó que de esta forma se simplifica un impuesto que es especialmente farragoso y se facilita su cumplimiento a los ciudadanos. Según dijo, en la actualidad en muchos casos se pasa el plazo de pago y se pierde el acceso a bonificaciones.

También recalcó que se mantiene este tributo para contribuir al mantenimiento de los servicios públicos y recordó que la Junta no puede suprimirlo, como exige el PP, ya que se trata de un impuesto regulado por el Gobierno.

En cuanto a los efectos de la medida, lógicamente dependerá del número de fallecimientos que se produzcan en la región y del patrimonio que se herede. Pero explicó que, atendiendo a las liquidaciones practicadas desde marzo de 2015 hasta ahora, tendría un impacto de 5 millones de euros.

Ante el escaso impacto de la reforma, la consejera subrayó que esto evidencia que con la redacción actual del impuesto (hay bonificaciones para los grupos I y II del 90 al 99%) muy pocas personas pagan por sucesiones en Extremadura. Pero la Junta ha decidido actuar ante la corriente de modificaciones en otras comunidades autónomas, especialmente la aprobada en Andalucía. Muchos extremeños tienen allí una segunda residencia y podrían trasladar su domicilio para acogerse a una regulación más beneficiosa.

Pero la propuesta de modificación del impuesto de sucesiones tiene una implicación que va más allá de una simple reforma fiscal. Al incluir la medida en el proyecto de ley de Presupuestos para 2018, el PSOE obligará a los grupos parlamentarios a definirse. Especialmente al PP, que solicitaba una reducción de este gravamen y que ahora deberá decidir si permite la aprobación de las cuentas para que los cambios propuestos salgan adelante.

Al igual que ha sucedido con las leyes de Presupuestos de 2016 y 2017, la Junta pretende un acuerdo de partida ante una posible enmienda de totalidad. En caso de que se rechazase su proyecto, como sucedió con su primera propuesta para 2016, debería elaborar uno nuevo (así lo hizo entonces) o prorrogar las cuentas de este año. Pero si no hay enmiendas de totalidad o las que se presenten son rechazadas, el texto seguiría adelante y solo sería necesario llegar a acuerdos más sencillos sobre las enmiendas parciales.