La Junta plantea dividir la comunidad en nueve grandes comarcas

Esta propuesta se recoge en el anteproyecto de Ley de directrices de ordenación territorial, que ha elaborado la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

Las directrices son el instrumento de ordenación territorial y urbanística de mayor nivel del sistema extremeño de planeamiento. Definen la ocupación por parte de actividades económicas y sociales y fijan el marco de referencia para otros instrumentos, como los planes territoriales y municipales. Asimismo, pretenden asegurar la integración de las políticas sectoriales de la Administración regional.

Tras la aprobación de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible (Lotus) en 2018, la Junta propone unas nuevas directrices. El texto propone organizar la región en áreas y subáreas funcionales, definidas como «agregaciones de municipios que presentan un elevado nivel de relaciones cotidianas basadas en la prestación de servicios públicos y privados».

Estas áreas permitirían ofrecer espacios de cooperación entre administraciones para el ejercicio de sus competencias en la escala local y supramunicipal, así como elementos de referencia para la planificación territorial. El anteproyecto de ley añade que «pueden ser la base de una eventual futura división de Extremadura en comarcas atendiendo al Estatuto de Autonomía».

De esa forma, se abre la puerta a un nuevo modelo territorial. El Estatuto de Autonomía recoge que la región podrá organizarse en comarcas, para lo que es necesario regular sus competencias, organización y régimen jurídico mediante una ley aprobada por mayoría absoluta.

Esa división iría más allá de las simples relaciones entre municipios limítrofes, como sucede actualmente, con casos en los que no queda claro qué población se incluye en qué comarca. En su lugar, establecería servicios comunes con una regulación detallada y límites definidos.

El citado anteproyecto de ley ya recoge esa posibilidad con un artículo específico, en el que se recomienda que las comarcas asuman las labores de las actuales mancomunidades integrales, pero incluyendo a grandes ciudades. Se trataría por tanto de avanzar en la racionalización de servicios buscando la eficiencia.

En concreto, cita competencias en promoción del desarrollo económico, dinamización turística y gestión de los polígonos industriales; abastecimiento y saneamiento de agua; tráfico, movilidad y transporte colectivo urbano; instalaciones y promoción del deporte y la cultura; educación; tecnologías de la comunicación y urbanismo.

Las nueve áreas funcionales, así como las treinta subáreas (en algunos casos más parecidas a lo que actualmente se entiende por comarca), plantean una organización de la región en torno a servicios esenciales, como hospitales y centros educativos. La división está recogida en el anteproyecto de ley y en algunos casos supera el modelo actual de división en dos provincias.

Así se plantea en la zona denominada Sierra de San Pedro, dentro del área funcional de Cáceres, ya que incluiría tanto a Valencia de Alcántara y las localidades de su entorno como a la población pacense de San Vicente de Alcántara. Asimismo, en el área denominada Vegas Altas estarían Don Benito y Villanueva de la Serena, pero también Miajadas y otros municipios cacereños.

El resto de áreas funcionales serían Vegas Bajas (en torno a Badajoz), Vegas Medias (Mérida y Almendralejo), Sierras y Campiña Sur (sur de la provincia pacense), La Serena-Siberia-Cijara (este), Norte de Cáceres (Plasencia), Sierras y Vegas del Tiétar (Navalmoral de la Mata) y Sierras y Vegas del Alagón (Coria y noroeste).