La Junta se compromete a resolver sus procedimientos en un máximo de tres meses

La Junta de Extremadura resolverá todos sus procedimientos en un plazo máximo de tres meses, tramitará los proyectos empresariales de forma integral y sustituirá el régimen general de licencias por las comunicaciones responsables. Son las principales novedades de la Ley de racionalización y simplificación administrativa, un proyecto que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y que se remite a la Asamblea para su tramitación con la vista puesta en su aprobación definitiva antes del verano.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha recalcado que se trata de «uno de los proyectos más importantes que hayamos podido aprobar» y que tendrá consecuencias en la forma en que se diseñen los futuros gobiernos y en la ordenación de los recursos humanos de la Administración regional.

El mandatario extremeño ha recalcado que los fondos europeos de recuperación, así como la negociación del próximo programa operativo, dará a la región unos años de máxima llegada de recursos para acometer inversiones.

En ese panorama, considera fundamental incidir en la simplificación administrativa para atraer proyectos de inversión, una línea que se inició con la Ley para una administración más ágil y la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible.

Con ese fin, la ley ofrece un marco general de simplificación para la mejora en el funcionamiento de la Junta de Extremadura y su sector público partiendo del principio de mínima intervención. De forma general, la Administración regional llevará a cabo las labores de comprobación o verificación de oficio, sin requerir la intervención de las personas y entidades interesadas, salvo que la normativa nacional o europea lo exija. En tales casos, no se exigirá la justificación de requisitos ni la aportación de documentos que hayan sido acreditados o aportados previamente en cualquier otro trámite.

Una de las principales novedades de la ley es que en las normativas reguladoras de los procedimientos que son competencia de la Junta no se exigirá la aportación de documentación que pueda ser sustituida por una declaración responsable o una comunicación. En el primer caso, el interesado manifiesta que cumple con los requisitos establecidos para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio y que dispone de la documentación que así lo acredita. En el segundo, basta con aportar los datos identificativos o cualquier otro relevante. De esa forma, en lugar de una intervención previa para conceder una autorización o licencia la Administración regional solo tendría que llevar a cabo una comprobación con la actividad ya en marcha. De ahí que se refuerce el régimen sancionador ante posibles incumplimientos.

El proyecto de ley ya recoge la implantación de esta medida en 31 casos concretos. Fernández Vara ha señalado que «iremos eliminando paulatinamente todos los procedimientos de autorizaciones y licencias, que no aportan nada, solo burocracia». Pero para eso será necesario reformar las normas en vigor.

Cuando no sea posible el establecimiento de las declaraciones responsables o comunicaciones como sistema de intervención administrativa, la Junta potenciará la utilización de la denominada autorización integral para actividades que formen una unidad de explotación. Esto implica que un proyecto que requiera la intervención de varias consejerías ya no necesitará acudir a cada ventanilla, sino que será la Administración regional la que tramite todo el procedimiento con medidas como la creación de unidades administrativas específicas.

Como tercera medida, la Junta se compromete a agilizar todos sus trámites. El plazo máximo para la emisión de informes y dictámenes en los procedimientos administrativos será de diez días. Y como regla general el periodo máximo de notificación de la resolución será de tres meses, salvo casos excepcionales que deberán justificarse.

El presidente extremeño ha recalcado que el objetivo de esta ley es hacer la vida más fácil a la ciudadanía y atraer inversiones a la región. Según ha explicado, en los últimos años se ha reducido el número de personas en paro, pero se mantienen en niveles similares las familias en riesgo de exclusión. A su juicio, eso se debe a que es necesario mejorar los salarios, lo que solo se consigue generando actividad en sectores que ofrecen sueldos más altos, como la industria.

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