La Junta de Extremadura se compromete a pagar algo más de 25 millones de euros a sus empleados públicos en cinco anualidades. Es el anuncio que ha trasladado esta mañana la Consejería de Hacienda y Administración Pública a los sindicatos de la función pública en ... una reunión mantenida en Mérida. Esa cantidad se corresponde al incremento salarial del 2% que se les debe a los empleados públicos de 2020, reconocido por el Ejecutivo actual. El actual Ejecutivo dejó en suspenso esa subida salarial por la pandemia de la covid.
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A principios de este mes, la consejera Elena Manzano había dicho que La Administración extremeña pagará ese incremento salarial del 2% correspondiente al año de 2020 a partir del próximo 2025 pero solo habló de que se haría en varias anualidades. Esta mañana ha definido ese periodo de pago: cinco años.
Los sindicatos valoran que se vaya a pagar esa cantidad pero rechazan la fórmula de pago. Para el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, «es una gran noticia que por fin los empleados públicos vayan a tener lo que es suyo», una vez que la Junta de Extremadura reconociera en su momento esa deuda y se haya acordado su pago este viernes.
Sin embargo, no está de acuerdo en los plazos que la Junta expone. Román reclama al Ejecutivo de Guardiola que «recapacite esa propuesta y podamos volvernos a sentarnos para que los empleados públicos tengan lo que es suyo cuanto antes y no en cinco años».
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La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, María de los Ángeles Rodríguez, ha mostrado su rechazo a repartir ese dinero adeudado a los funcionarios en cinco años. «No estamos de acuerdo», ha trasladado al Gobierno regional porque considera es que es un periodo de pago demasiado largo.
Sobre este pago, el Área Pública de CCOO reclama el «abono inmediato». El sindicato que lidera Encarna Chacón «exige su pago único» y considera «inexplicable la falta de negociación que se ha producido en esta cuestión concreta».
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En la reunión mantenida hoy entre Junta y sindicatos también se ha trasladado que a partir del próximo mes de enero se abonará el incremento salarial de un 0,5% previsto para este 2024 ligado al IPC. La Junta ha indicado que se empezará a pagar a principios de año con carácter retroactivo para 2024.
Respecto a la posible subida salarial de un 2% para 2025 en las nóminas de los empleados públicos de la Junta, María de los Ángeles Rodríguez indica que «realmente no hay nada» porque está supeditada a la aprobación de los presupuestos del Estado.
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Efectivamente esa subida queda pendiente de lo que recojan los Presupuestos nacionales y de si estos salen aprobados. Si no es así se prorrogarían los vigentes.
Manzano puntualizó que «aunque aún el Estado no ha avanzado nada sobre esto con los agentes sociales para concretar ese porcentaje de actualización, este Gobierno es responsable y ha decidido cuantificar ese 2% en un impacto de unos 52 millones»
En este sentido, el presidente del CSIF mostró su desacuerdo con la subida del 2% que la Junta contempla para sus Presupuestos de 2025 porque «supone seguir perdiendo poder adquisitivo».
Román precisó que es un 2% «simulado porque el Gobierno no se ha sentado aún con las organizaciones sindicales para establecer cuál va a ser realmente la subida salarial que tendrán los empleados públicos en 2025».
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Mientras CC OO recuerda que esa subida del 2% es «la traslación del acuerdo estatal con CCOO y UGT al ámbito regional» y supone un «impulso importante para la recuperación de derechos del conjunto de empleados públicos». Con todo, el sindicato advierte en nota de prensa «que aún quedan capítulos por cumplir» como la jornada laboral efectiva de 35 horas, la clasificación profesional, la jubilación parcial o la extensión de los planes de igualdad.
En cuanto a las ofertas públicas de empleo, desde el sindicato se ha cuestionado sobre las intenciones de la Administración, pues su compromiso era anunciarlas ante de finalizar el año y estamos ya en el mes de octubre. Además, CCOO insiste en que se debe eliminar de una vez la tasa de reposición. Así como decidir ya sobre las oposiciones del ámbito educativo.
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Por último, el Área Pública de CCOO ha exigido la constitución, de manera extraordinaria, de las bolsas generadas con los exámenes de concurso/oposición por estabilización, ya que hay bolsas de empleo de diferentes categorías que están vacías.
Desde CSIF se pide también a la Junta que acelere el desarrollo de la Ley de Función Pública porque los empleados públicos están esperando cuestiones «importantes» como la creación del grupo B, promociones internas sólo por concurso, desarrollo de la carrera profesional de los docentes, mejora del acuerdo del teletrabajo o el abono cuanto antes de los desplazamientos por razones de servicio a 0,26 euros por kilómetro. Para CC OO quedan también «capítulos por cumplir» como la jornada laboral efectiva de 35 horas, la clasificación profesional, la jubilación parcial o la extensión de los planes de igualdad. En cuanto a las ofertas públicas de empleo, se ha cuestionado sobre las intenciones de la Administración «pues su compromiso era anunciarlas ante de finalizar el año y estamos ya en el mes de octubre». Para UGT es necesario abordar, expuso María de los Ángeles Rodríguez, un nuevo acuerdo que contemple, entre otros aspectos, una subida salarial de los empleados públicos, además de plantear que, entre sectores hay diferencias y «no puede ser». Rodríguez remarcó que «tiene que cobrarse lo mismo porque, además, estamos hablando de los mismos grupos de pertenencia de los funcionarios«.
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