La Junta rechaza indemnizar a dos firmas a las que retiró rutas de transporte escolar

«Es un descontrol total», afirma Juan Antonio Masa, de la empresa Autocares Masa Gómez. «No sabemos qué hacer». Su desesperación es total ante la resolución adoptada por la Junta de Extremadura, que rechaza indemnizar a su firma y a Autocares Hermanos Luengo por haber sufrido la retirada de cinco rutas de transporte escolar.

La Administración regional cuenta con unas 600 rutas escolares, por lo que puede entenderse que haya dificultades en la gestión de estos contratos. Pero en este caso se suman además las trabas que impone el propio sistema.

La historia comienza en 2016 con la adjudicación de cinco rutas escolares a una empresa por parte del Ente público extremeño de servicios educativos complementarios (Epesec). Las firmas que quedaron en segundo lugar, Masa Gómez en cuatro casos y Hermanos Luengo en uno, advirtieron de que los vehículos de la firma seleccionada no tenían cinturón de seguridad, como se exigía, y que solo presentó una declaración en la que se comprometía a instalarlos. Ante esto, se acordó como medida cautelar encomendar temporalmente el servicio al segundo clasificado. Pero cuando la que había quedado primera solucionó esa carencia recuperó el contrato.

Las afectadas recurrieron. En primera instancia los juzgados de lo contencioso-administrativo de Mérida dieron la razón a la Administración regional, pero el TSJEx falló a favor de las empresas citadas, anuló las adjudicaciones y ordenó que se concediera el contrato a los segundos clasificados.

Las empresas afectadas reclamaron daños y perjuicios por el tiempo en el que estuvieron sin explotar las rutas. Tanto José Manuel Luengo, de Hermanos Luengo, como Juan Antonio Masa señalan que el Epesec se mostró a favor de pagar una indemnización. En el primer caso, la cifra rondaba los 25.000 euros por una ruta, mientras que en el segundo, con cuatro contratos, se estimaba en torno a 130.000 euros.

Como explica Juan Antonio Masa, a las pérdidas por no gestionar el contrato se suman los gastos que tuvo que asumir en su día para disponer de unos vehículos que estuvo explotando un año, antes de que le quitaran la concesión.

Sin embargo, las empresas se han visto sorprendidas por una nueva resolución, en este caso de la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura, que considera que no hay que indemnizar a estas compañías.

Según los dictámenes emitidos por este órgano, que tramita los recursos presentados en materia de contratación y las solicitudes de responsabilidad patrimonial que se elevan a la Junta (de lo que se encargaba hasta su disolución el Consejo Consultivo de Extremadura), no basta con que haya una resolución judicial, como las citadas sentencias del TSJEx, para estimar por extensión que hay que indemnizar a las firmas afectadas.

En su lugar, cree que hay que analizar la decisión que dio origen a la demanda. Y considera que el Epesec actuó con lógica al adjudicar el contrato a una empresa que, aunque no tenía cinturones en los autobuses, afirmó que se encontraba en proceso de instalarlos, ya que así se permitía en el pliego.

Los dictámenes de la Comisión Jurídica son preceptivos, pero no vinculantes. Es decir, la Junta debe realizar la consulta, pero no está obligada a cumplirla. Pese a ello, tanto Hermanos Luengo como Masa Gómez señalan que el Epesec ha decidido atender a estas resoluciones y no abonar indemnización. De confirmarse esa decisión, las dos empresas se plantean iniciar un nuevo procedimiento judicial.