La Junta de Extremadura ha rechazado por segunda vez el proyecto del vertedero en Salvatierra de los Barros de 178.000 toneladas al año, de ellas 56.800 de residuos peligrosos. En esta ocasión, el Gobierno regional no ha admitido el recurso de alzada que presentó la empresa promotora del depósito de residuos industriales, 3RS Gestión MA Extremadura (del grupo Hozono Global), contra la decisión de la Administración regional de archivar la solicitud de los permisos ambientales demandados por la empresa. La Junta emitió esa resolución el pasado 24 de octubre y la compañía presentó el recurso el día 25, un día después de conocerse el primer rechazo de la Administración. La empresa sacó ese día un comunicado en el que no informaba que había presentado un recurso ni tampoco adelantaba qué iba a hacer.
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«No se puede admitir un recurso contra un acto ya anulado sin efectos jurídicos, dado que la resolución de 24 de octubre quedó sin efecto al emitirse una segunda resolución de archivo de fecha 26 de octubre», explican desde la Junta en nota de prensa.
Ahora la empresa promotora puede interponer, si lo estimase oportuno, un nuevo recurso contra la referida resolución de fecha 26 de octubre de 2022.
Esta denegación se produce sin entrar en el fondo de la cuestión, si no que se centra en cuestiones formales. La Junta dice que el recurso que se presentó que no tenía validez jurídica, explica a HOY Transición Ecológica.
De esta forma, cabe la posibilidad de que la empresa promotora del proyecto mantenga la vía de recurso administrativo ante el Gobierno regional. Este diario ha preguntado a la empresa qué va a hacer y por ahora no ha respondido. De seguir adelante por esta vía administrativa la Junta tiene, de nuevo, un plazo máximo de tres meses para resolver sobre el hipotético segundo recurso de alzada que presente Hozono Global.
Una vez que responda, si la Junta vuelve a decir no a este recurso, a la promotora del vertedero en Salvatierra ya solo le quedaría la opción de acudir al Juzgado Contencioso-Administrativa para intentar revertir esa negativa del Gobierno regional a seguir tramitando el proyecto que han presentado.
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La consejera para la Transición Ecológica, Olga García, explicó a finales del mes pasado que desde finales del año pasado -17 de diciembre exactamente- se inició el proceso administrativo del proyecto la promotora ha presentado «información insuficiente» vinculada con detalles claves del vertedero como el tipo de residuos, su procedencia, la afección a aguas o emisión de gases, además del propio proceso de enterramiento de residuos.
La empresa pretende hacer un vertedero con 45 celdas de vertido, que se irán abriendo de dos en dos a medida que se vayan llenando los anteriores, y una vez completos se procederá a su sellado. Se estima que la vida útil del complejo sea de 45 años, cuando se habrán sellado todas las celdas proyectadas.
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La instalación está ideada para acoger hasta 289.000 toneladas cada año, según apareció en el anuncio del Diario Oficial de Extremadura del pasado día 5 de octubre.
Según detallaba la empresa en su petición, el complejo está proyectado para gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos. De estas cantidades, 56.875 toneladas de residuos peligrosos serán eliminadas en el vertedero, tras someterlos a un tratamiento de inertización (inmovilización), como residuos peligrosos no reactivos estables. Lo mismo pasará con 121.145 toneladas de residuos no peligrosos.
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