La Junta de Extremadura reclama al Gobierno un régimen económico y fiscal especial para combatir la despoblación y revertir la caída de habitantes prevista para los próximos años, que podría dejar a la región por debajo del millón de residentes en 2030.
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Esta medida forma ... parte de la Estrategia ante el reto demográfico y territorial de Extremadura, que recoge 286 medidas. En su mayor parte son propuestas generales, de las que muchas ya están en marcha, pero también se recogen actuaciones concretas.
En el apartado dedicado a financiación y fiscalidad, el documento plantea diseñar en cooperación con el Gobierno un programa integral de desarrollo que incluiría ese régimen especial fiscal y además un programa urgente de infraestructuras.
El documento destaca que Extremadura recibe poco más del 3% de la inversión territorializada del Estado frente al 14,4 % de Andalucía; el 13,1% de Cataluña y el 12,2% de Madrid. Además, añade que «las posibilidades que nos confiere el sistema de financiación autonómica de promover el empleo y la redistribución de la renta y la riqueza son extremadamente limitadas».
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Junto a esto, destaca que la comunidad apenas percibe 5,7 millones del Fondo de Compensación Interterritorial, mientras que los 3.300 millones del Fondo de Competitividad se destinan a regiones «de elevado poder recaudatorio». Por todo ello, considera necesario «un plan específico» para Extremadura, «que debe tener en cuenta las singularidades que concurren en nuestro territorio, para combatir la despoblación que sufrimos y la consiguiente merma de nuestro crecimiento económico y nuestra autonomía fiscal».
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El documento también sugiere propiciar el asentamiento de población extranjera en zonas rurales mediante programas que vinculen la adquisición de bienes a la concesión de permisos, visados o estancias.
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La Estrategia ante el reto demográfico reseña que más del 20% de la población extremeña vive en municipios de menos de 2.000 habitantes y la mitad en localidades de 2.000 a 50.000 residentes. En cuanto a la densidad, buena parte de la región se encuentra por debajo del umbral de lo que la Unión Europea considera como área escasamente poblada, con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La tendencia de los próximos años, debido entre otras cuestiones a la baja natalidad, es que se sigan perdiendo habitantes.
El objetivo general es garantizar la igualdad de oportunidades favoreciendo iniciativas que contribuyan a mitigar la despoblación y garanticen que no hay discriminación en el acceso a los servicios. Para ello, la estrategia plantea actuar en siete ámbitos. Las medidas citadas forman parte del apartado de fiscalidad y financiación.
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En sanidad y servicios sociales recoge medidas como ajustar la ratio de camas hospitalarias por 1.000 habitantes, reducir el número de usuarios atendidos por cada profesional sanitario, apostar por la teleasistencia y la telemedicina, dotar de atención pediátrica a los centros de salud de zonas rurales y ampliar la oferta de plazas para dependientes.
En el ámbito de mujer, juventud, familia y vivienda, propone ayudas específicas a familias rurales con problemas de paro, pobreza y exclusión social y monoparentales. También sugiere equiparar al título de familia numerosa de categoría general a las integradas por uno o dos padres y dos o más hijos en el caso de que tengan su residencia habitual en zonas rurales; así como abaratar el precio de la vivienda pública.
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En el apartado de educación, propone mantener y crear unidades de Secundaria en zonas rurales siempre que tengan una ratio mínima de diez alumnos por curso y promover un 'Erasmus rural' con la colaboración de universidades y empresas. En cuanto a cultura, plantea facilitar el desplazamiento de la población rural a núcleos urbanos para disfrutar de su oferta cultural a través de transporte organizado o de bonos de transporte.
Las infraestructuras juegan un papel relevante en la lucha contra la despoblación, para lo que se sugiere finalizar el AVE Madrid-Lisboa e impulsar la transformación en vías de alta capacidad o la conclusión de trazados incompletos de corredores viarios de interés. En concreto, cita las autovías autonómicas EX-A1 (hasta la frontera portuguesa), EX-A3 (Zafra-Jerez de los Caballeros), EX-A5 (Almendralejo-Solana de los Barros-A5) y EX-A6 (Badajoz-Olivenza), así como las estatales A-58 (Cáceres-Badajoz), A-43 (de Extremadura a la Comunidad Valenciana), A-83 (entre Zafra y Huelva) y A-81 (Badajoz-Córdoba-Granada). También se propone la implantación de fibra óptica en todos los municipios extremeños y apoyar actividades comerciales multiservicio en zonas rurales que eviten desplazamientos.
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En materia de ordenación y gestión del territorio, contempla fomentar las agrupaciones de municipios para mantener puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional; fomentar las mancomunidades y asegurar la cobertura básica de equipamientos y servicios a menos de 30 minutos de viaje.
Por último, la línea dedicada a empleo y economía recoge medidas como fomentar la integración cooperativa, avanzar en la simplificación administrativa y recuperar actividades tradicionales.
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