La Junta recurre a una auditora para certificar 270 millones de euros de fondos europeos

La Administración regional tiene pendientes de certificación más de 346 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo Social Europeo (FSE) del periodo 2014-2020. Estos programas están dotados con casi 1.470 millones de euros y el plazo para ejecutar esos gastos concluye el 31 de diciembre de este año, pero después hay que realizar trabajos administrativos para justificar el uso del dinero y recibir el reembolso de la Unión Europea.

Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea, a mediados de este año la Junta tenía designados 1.572 millones de euros en gastos para los 1.026 millones del Feder y 544 millones para los 443,3 del FSE. En estos casos es habitual que se planteen proyectos por encima de lo asignado para que, en caso de problemas con la ejecución, no se pierda la aportación comunitaria, que asciende a 1.212,1 millones. Pero entre ambos programas el importe certificado es de 866 millones. Falta por tanto certificar gastos para obtener los 346 millones restantes.

El Gobierno del socialista Fernández Vara reconoció retrasos en la ejecución, motivados entre otras cuestiones por la pandemia y la guerra de Ucrania, pero afirmó que daba tiempo a certificar esos fondos. Para ello, hay de plazo hasta febrero de 2025, aunque hay que realizar una serie de pasos previos. Además, la Comisión Europea ha flexibilizado las condiciones de cierre de los programas por esos sucesos de impacto mundial que han marcado la ejecución del periodo 2014-2020.

Con el objetivo de agilizar esos trabajos, la Junta de Extremadura convocó a principios de mayo un concurso destinado a verificar el uso de fondos europeos ante la necesidad de realizar los trámites pertinentes y debido a la falta de medios propios. Estos contratos son habituales, pero en este caso se recurrió a la vía de urgencia, lo que evidencia que en aquel momento el tiempo ya corría en contra de la Administración regional. Sin embargo, la adjudicación ha tardado en llegar más de tres meses.

Como recoge la resolución por la que se aprobó la urgencia, el reembolso de fondos europeos a la región está condicionado a que previamente se realice una serie de controles que deben estar concluidos antes de marzo de 2024 para poder solicitar ese dinero, ya que las últimas solicitudes de reembolso se deberán presentar entre marzo y abril.

La memoria del contrato añade que el carácter previo y vinculante de estos controles «los convierte en requisito imprescindible para elaborar las declaraciones de gastos y solicitudes de pago con garantías suficientes». Este trabajo corresponde al Servicio de Control de Fondos Europeos, pero no dispone de personal suficiente para atender el alto volumen de fondos pendiente de control. En concreto, en el momento de la convocatoria apenas contaba con trece personas.

Este contrato de urgencia se divide en verificaciones administrativas del Feder, por un lado, y del FSE y el programa operativo de Empleo Juvenil, por otro. En el primer caso, el montante a revisar pasa de 97,2 millones de euros y se centra sobre todo en ayudas, como las del Plan de Vivienda 2018-2021, a lo que se suman subvenciones a la Universidad de Extremadura por más de 10 millones de euros. En cuanto al segundo lote, abarca la revisión de 81 millones de euros en ayudas como las destinadas a la contratación indefinida y al empleo autónomo.

El plazo de ejecución es de 18 meses, aunque en el pliego se especifica que las tareas de verificación deben estar concluidas antes del próximo mes de marzo.

El plazo de presentación de solicitudes se cerró el 24 de mayo, pero el contrato no se adjudicó hasta el 30 de agosto. Los dos lotes se han encomendado a la misma empresa, la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), por más de 525.000 euros, muy por debajo del importe de licitación.

A este contrato, tramitado por la Consejería de Hacienda, se sumó en junio otro, centrado en este caso en el Programa de Desarrollo Rural financiado por el Fondo europeo agrario de desarrollo rural (Feader). También corresponde al periodo 2014-2020, pero en este mecanismo se ha ampliado tanto la dotación como el plazo de ejecución hasta el año 2025 y en consecuencia el periodo de certificación.

Por lo tanto, la urgencia de este trabajo es menor. Pero la memoria del contrato establece que, debido a que el Servicio de Control de Fondos Europeos debe centrarse en el Feder, el FSE y el programa de Empleo Juvenil, se hace necesario contar con apoyo externo para el Feader.

La verificación de gastos se centra en este caso en las partidas que no son gestionadas por la Consejería de Agricultura y en concreto en los encargos realizados a las empresas públicas GPEx, Tragsa y Tragsatec.

El importe a revisar pasa de 90 millones y abarca trabajos de apoyo en la gestión de la PAC, política forestal y sostenibilidad; así como las obras del regadío de Monterrubio de la Serena y trabajos de reparación de daños causados por tormentas.

Como en el caso anterior, el contrato fue adjudicado a finales de agosto a la consultora PwC por 327.000 euros. El plazo de ejecución es de once meses.