La Junta reúne a los ayuntamientos del PP para desatascar el respiro familiar

Es lo que ya ha hecho el Ayuntamiento de Badajoz, con la publicación de las bases que regulan las ayudas, y lo que podrían realizar otros más para tratar de ejecutar los fondos tras constatar la dificultad que hay para hacerlo por otras vías. Esta es la conclusión alcanzada en la reunión que hace unos días celebraron buena parte de los ayuntamientos extremeños gobernados por el PP con los responsables de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Salud.

El objetivo del encuentro era, precisamente, poner en común las dificultades y dudas surgidas en torno a la ejecución de los fondos, con el fin de resolverlas y lograr llevar adelante el primer plan de respiro familiar establecido con un nuevo Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM).

Dotado con un millón de euros hasta final de año, este primer plan trata de dar respuesta a las necesidades de conciliación de quienes son cuidadores no profesionales de personas dependientes y residentes en 46 municipios de la región. Aunque en un principio iba dirigido a 13 municipios con más de 10.000 habitantes y a 35 localidades con una población que oscila entre más de 4.000 y 10.000 habitantes, finalmente son 46 los que tratarán de ejecutar los fondos asignados, puesto que los ayuntamientos de Mérida, en el primer grupo, y Malpartida de Plasencia, en el segundo, han renunciado al dinero.

Una cuantía, cabe recordar, asignada por la Junta en función de las personas de cada municipio que tienen una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y grado de dependencia reconocido, o personas con un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al 75%, aunque no exista dependencia reconocida.

Pero solo podrán beneficiarse de los servicios de respiro familiar quienes residan en algunos de los municipios seleccionados por el Ejecutivo regional. Sin bien es cierto que son las localidades en las que reside el 70% de la población extremeña, también lo es que el 30% restante, unos 300.000 ciudadanos, han sido excluidos de este primer plan regional.

Esta realidad motivó la crítica por parte de los grupos de la oposición de PSOE y Unidas por Extremadura a la iniciativa del PP. Pero de las poblaciones elegidas, solo los ayuntamientos de Mérida y Malpartida de Plasencia han renunciado a los fondos porque consideran que son insuficientes, por la dificultad para ejecutarlos en el plazo dado, hasta final de año, y el sobresfuerzo económico que conllevará para las arcas locales.

Ambos están gobernados por el PSOE y sus argumentos son compartidos por la mayoría de los alcaldes socialistas. Como ha resumido el regidor de Almendralejo, «el plan suscita muchas dudas en cuanto a su aplicación, porque con personal propio es inviable, inasumible, y sacarlo a licitación para adjudicarlo a una empresa conllevará un notable retraso».

Estas dudas son las que de manera interna también han transmitido los alcaldes del PP a la Junta y motivo por el que se optó por reunirles para tratar de disiparlas y buscar alternativas factibles. La puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento de Badajoz «parece razonable», indican a HOY algunos de los presentes en la reunión, y facilita la ejecución de los fondos: la concesión de ayudas directas a los cuidadores no profesionales de dependientes. «De tal modo que son ellos quienes contratan los servicios que necesitan y después se les abona la factura», concretan.

El Gobierno regional, además, considera posible esta fórmula. Desde la Consejería de Salud se recuerda que «la finalidad del PCEM de respiro familiar es financiar a las entidades locales, a fin de que faciliten ayudas cuyos beneficiarios y perceptores finales son las personas residentes en las mismas que sean cuidadoras habituales no profesionales de personas con los grados de discapacidad y dependencia que se establecen, y ello con objeto de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de dichas personas, fijándose igualmente los servicios que podrán ser objeto de financiación».

Por ello dice que el procedimiento puesto en marcha por Badajoz y que podrán copiar otros, la concesión de las ayudas directas a los beneficiarios, «entra dentro de la autonomía municipal, por lo que cada entidad local puede determinar el sistema de gestión de las ayudas que financian los servicios que contempla el PCEM».

Un programa criticado por la oposición porque no llega a todos los extremeños potencialmente beneficiarios, pero que desde la Junta se insiste en que es una «primera experiencia», dejando la puerta abierta por tanto para ampliarlo en el futuro. La última en hacerlo ha sido la secretaria general de Servicios Sociales, Teresa Angulo, en la comisión de Salud en la Asamblea. El PSOE criticó que el plan diseñado discrimine en función del lugar de residencia y la directora general aseguró que «estamos recogiendo sugerencias para mejorarlo y no solo en su cuantía económica».