La Junta sanciona a la empresa de la mina La Parrilla con 5.000 euros

W Resources, concesionaria a través de su filial Iberian Resources Spain de la explotación de La Parrilla, puso en marcha la mina sin tener varios permisos. Lo hizo sin contar con la obligada autorización ambiental unificada y construyó una balsa de lodos para el proceso de tratamiento o minerales extraídos sin autorización de la Administración extremeña. Esas infracciones han supuesto la apertura de varios expedientes sancionadores por parte de la Junta y una primera multa: 5.000 euros.

La mina, entre los términos municipales de Almoharín y Santa Amalia, tiene su actividad parada fundamentalmente por problemas de financiación, como desveló este periódico esta semana. Acumula deudas con su plantilla –unos 130 empleados– y sus proveedores. También con la Seguridad Social, según trasladan a HOY conocedores de la situación. A eso hay que sumarle las multas que se les empieza a fijar desde el Gobierno regional.

Según confirma la Consejería para la Transición Ecológica, contra la concesionaria de La Parrilla se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Se abre «por el incumplimiento de disposiciones reglamentarias en materia de seguridad minera». De forma concreta, por haber puesto en funcionamiento la mina y vendiendo su mineral (estaño y wolframio) «sin la autorización de puesta en servicio y sin contar con autorización ambiental unificada».

A eso se le suma haber ejecutado y utilizado una balsa de lodos «sin contar con la preceptiva autorización del proyecto y autorización de puesta en servicio».

La Dirección General de Sostenibilidad, de la misma consejería, cuenta ya con la resolución de un expediente sancionador a W Resources. Concluye con una sanción de 5.000 euros por no contar con la mencionada autorización ambiental unificada. La producción en La Parrilla comenzó en noviembre de 2019.

Este proyecto minero se encuentra dentro de una concesión de explotación que cuenta con una vigencia de 90 años, hasta 2068. Informa la Junta que, sin embargo, para poder dar continuidad a las labores mineras que se venían desarrollando y ampliar alguno de los frentes en los que venía trabajando, la compañia tiene que obtener la autorización y declaración de impacto ambiental, la concesión de explotación a la vez y la autorización del plan de restauración.

«Con esta intención, el promotor ha iniciado la tramitación de los correspondientes expedientes» ante la Consejería que encabeza Olga García. Señala Transición Ecológica que se viene haciendo «un seguimiento continuo del estado del proyecto en los últimos años».

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