Sin justicia en el Tarajal

Estamos tan pendientes de la campaña electoral y de la situación que se vive en Cataluña que pasan delante de nosotros asuntos de enjundia sin que apenas los advirtamos, sepultados en el tráfago de una agenda informativa enloquecida y concebida a mayor gloria de nuestros políticos y de esa especie nueva y mestiza –hija de padre señorito y madre antisistema o viceversa– que ha brotado como una mala hierba en esa parte de nuestro país.

Temo que si los resultados de las elecciones del próximo domingo confirman lo que vaticinan casi unánimemente las encuestas (todas salvo la del CIS), España se adentrará al día siguiente en un territorio político desconocido. La azotará una especie de tormenta perfecta capaz de desembocar en la más severa crisis habida en los tiempos de la Constitución del 78 merced a la conjunción de varios factores: un Congreso atomizado y, lo que es mucho peor, encabezado por unos líderes incapaces sin excepción de interpretar otro mapa que no sea el que ellos mismos han trazado en torno a su ombligo, unido al doble acoso al Estado de los lobos del secesionismo y de la ultraderecha rampante.

Elecciones y Cataluña se comportan como una especie de agujero negro informativo que no deja que ninguna otra cuestión escape a su influjo. Por eso, por su capacidad de ensombrecer todo lo demás por importante que sea, conviene estar atentos a las cosas que pasan fuera de él . Y una de las que han pasado en los últimos días y no merece caer en el olvido es el archivo en el juzgado del 'caso Tarajal'. Seguramente lo recuerdan porque se difundieron unas imágenes que produjeron un estupor y una vergüenza inagotables y que mostraban la actuación desde la playa del Tarajal, en Ceuta, de unos guardias civiles que disparaban botes de humo y pelotas de goma a un grupo de inmigrantes cuando intentaban a nado alcanzar la orilla. Se ahogaron quince.

Es difícil precisar, pero no encuentro una ocasión equiparable a la de esa mañana del 6 de febrero de 2014 en que España haya perdido más flagrantemente su condición de estado de Derecho. Una condición que no ha recuperado ahora, casi seis años después, cuando el juzgado archiva el caso porque ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía acusan de nada a los guardias y la única acusación por homicidio imprudente, de la acción popular, ejercidas por ONGs y asociaciones de derechos humanos ante la imposibilidad de los familiares de las víctimas de demostrar su condición de tales a los ojos de la juez del caso, no es procesalmente suficiente.

Los 15 fallecidos en el Tarajal no recibirán de España ninguna clase de justicia, ni siquiera simbólica. En este tiempo nadie ha dimitido, ni ha pedido perdón, ni aun se conoce el más mínimo estremecimiento por aquellas muertes de seres humanos que estaban ahogándose tan cerca de nuestro suelo que hubiera bastado el brazo de un semejante para salvarlos. De Jorge Fernández Díaz, a la sazón ministro del Interior en aquel momento y hombre piadoso hasta el punto de condecorar a la Virgen, se hubiera esperado un gesto de piedad. No lo hubo. Tampoco lo hay ahora. El Tarajal es esa clase de asunto que desvela que el Estado no tiene alma. Nuestro Estado.