El Juzgado de Llerena abre juicio oral por la licencia de la fotovoltaica de Usagre

Este asunto guarda relación con un litigio que ya ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que en mayo del pasado año acordó que se debe devolver a su propietaria, la empresa Natura Mananger, más de 525 hectáreas que fueron expropiadas para la planta, el 61% de la superficie que ocupa. La central fue promovida por Proyecto Núñez de Balboa, una sociedad respaldada por Ecoenergías del Guadiana que en 2018 fue traspasada íntegramente a Iberdrola. La compañía eléctrica anunció que recurriría esta sentencia ante el Supremo.

Natura Mananger es propiedad de Santos Lázaro, un empresario nacido en Usagre que emigró de niño a Cataluña, donde tuvo éxito en los negocios. Según su versión, inicialmente firmó un contrato de alquiler a un precio de 600 euros por hectárea durante 25 años. Pero en 2018 tuvo conocimiento de que el proyecto había sido traspasado a Iberdrola, a pesar de que una cláusula exigía su consentimiento para cualquier cambio.

Además, el acuerdo quedaba en suspenso si no se conseguía la licencia de obra antes de que terminara 2018. Pero la planta recibió los permisos a tiempo, lo que permitió que se iniciaran los trabajos. Con el contrato de alquiler ya roto, Iberdrola se decantó por la expropiación.

El caso que ahora será juzgado en la Audiencia Provincial de Badajoz se centra en que Hinkelmann solicitó la licencia de obra en 2017 alegando que contaba con los permisos necesarios. El Consistorio accedió y después se descubrió que faltaban autorizaciones. La secretaria municipal recomendó revisar el acuerdo, pero solo se adoptó una suspensión temporal que fue finalmente levantada pese a que no se aportó la documentación.

Además de Antonio Luna (que el pasado domingo volvió a ser elegido concejal por el PP), María Dolores Esteban y Andreas Hinkelmann, el Juzgado de Llerena decreta la apertura del juicio oral como responsables civiles subsidiarios a las empresas Proyecto Núñez de Balboa y Ecoenergías del Guadiana y al Ayuntamiento de Usagre.

La Fiscalía solicita para Antonio Luna y María Dolores Esteban una condena de doce años de inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno por prevaricación administrativa; mientras que para Andreas Hinkelmann pide 21 meses de prisión y nueve meses de multa a razón de 10 euros al día por un delito de falsedad en documento oficial.

Por su parte, Natura Mananger aprecia, en el caso de los dos mandatarios municipales, además de un delito de prevariación otro de tráfico de influencias. Por ellos solicita siete años y medio de prisión y treinta de inhabilitación. En cuanto a Hinkelmann, califica los hechos como delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por los que pide once años de cárcel.

También pide que se declare expresamente la nulidad de la licencia urbanística de la planta y su desmantelamiento, y que se condene a los acusados a indemnizar a Natura Mananger por la privación de los terrenos.

La abogada de Natura Mananger, Dorinda Aventín, afirma que «el futuro de la planta está más que comprometido, a resultas de los dos procesos judiciales que le afectan, evidenciando que Iberdola no actúa con respeto ante las leyes y evidenciándose un trato de favor dispensando por las autoridades extremeñas».