Un juzgado de Mérida decreta la apertura del juicio oral por el caso UPA

Avanza el proceso judicial de caso UPA. El juzgado de Instrucción Número 1 de Mérida ha decretado la apertura del juicio oral. El auto, al que ha tenido acceso HOY, recoge las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal para los acusados. Las condenas más altas se solicitan para el secretario general de la organización agraria, Ignacio Huertas, y para el secretario de organización, Maximiano Alcón: 16 años de cárcel y 33 millones de multa. El fiscal considera que la entidad creó un sistema para financiar de forma irregular sus gastos ordinarios.

Asimismo, pide más de diez años de prisión para los miembros de la ejecutiva Miguel Leal, José Cruz y María Antonia Alcalá; y nueve y medio para el técnico Gervasio Martínez.

La Fiscalía aprecia cuatro tipos de delitos presuntamente cometidos entre 2010 y 2015. El primero de ellos es un delito continuado contra la Hacienda pública, en la modalidad de fraude en las subvenciones. Según el escrito de acusación, este tipo penal habría sido cometido por todos los acusados, así como la propia organización agraria.

También se ha investigado la presunta falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal o grupo criminal (en esta segunda modalidad la pena sería menor). En este último tipo penal solo son susceptibles de ser condenadas las personas físicas. Huertas y Alcón están acusados como directores y coordinadores y el resto como partícipes.

El contable Juan Miguel Apolo se enfrenta a la petición de seis años. Se le considera responsable del entramado financiero creado para cobrar las ayudas, y su declaración fue clave para descubrir la supuesta trama, por lo que se le aplican atenuantes de confesión y reparación del daño.

Además del delito continuado contra la Hacienda pública, la Fiscalía solicita la condena a UPA-UCE por blanqueo de capitales. Por el primero reclama 8,6 millones de multa y la suspensión de sus actividades como persona jurídica por cinco años. Por el segundo, una multa de 2,4 millones y la suspensión de actividades también.

Por último, el auto pide a los acusados el depósito de una fianza de 4,3 millones de euros para asegurar la posible responsabilidad económica que pudiera recaer sobre ellos. Cabe recordar que la Fiscalía solicita una indemnización, conjunta y solidaria, por ese importe para la Junta de Extremadura. Esta fue la cantidad que durante un lustro recibió la entidad de la administración autonómica en concepto de subvenciones.

La Audiencia Provincial de Badajoz, en su sede de Mérida, será la encargada de resolver el caso. El auto decretado por la magistrada Ana Belén Fernández Arroyo también ratifica la libertad provisional de los acusados.