Juzgan a un hombre por estafar 480.000 euros en jamones a una empresa de Higuera la Real

Explicó ayer su propietario que para intentar solventar la situación contactó con un empresario de Madrid al que conocía para pedirle dinero, siendo él quien le presentó al ahora procesado.

De ese modo entró en contacto con Juan Ramón S.G., que hizo la primera compra de jamones enviándole 10.000 euros por adelantado. Se ganó así la confianza necesaria para realizar hasta siete operaciones distintas entre el 5 de agosto y 8 de octubre de 2019. Esas compras de jamones fueron abonadas con pagarés asociados a una cuenta bancaria que no tenía fondos.

Explicó el dueño de la cárnica ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que cuando comprobó que no podía cobrar los talones se desplazó a Madrid para contactar con el comprador, momento en el que descubrió que la supuesta sede de esa empresa no existía. «Yo necesitaba vender, tenía una crisis financiera enorme. Cuando pasó eso yo había sufrido otra estafa de 300.000 euros, otra de 500.000 y otra de 200.000».

Frente a esta acusación se situó el procesado, quien admitió haber comprado pequeñas partidas de jamones a esa empresa de Higuera para venderlos, pero rechazó la acusación que pesa contra él. Basó su defensa en que fue la propia empresa cárnica quien lo utilizó como intermediario para realizar esas importantes ventas a otras empresas con la intención de ocultar las transacciones y evitar así que quedasen registradas.

«¿Entonces usted era un mero testaferro?», le preguntó el abogado de la defensa. «Más bien era un intermediario», respondió el procesado antes de aclarar que cuando emitía los pagarés era consciente de que no había fondos en la cuenta porque quien tenía que ingresar el dinero no era él, sino la empresa a la que realmente eran enviados los jamones. «Simplemente era un intermediario, advertí a don Luis de que esas empresas no estaban pagando. Yo no habría seguido vendiendo».

Con este argumento rechazó haber sido él quien retiró esos camiones cargados de jamones y limitó su responsabilidad a haber emitido esos «pagarés de favor» a cambio de recibir de la cárnica de Higuera una cantidad económica con la que hacía frente a los gastos de su familia en unos momentos difíciles para él porque acababa de cumplir una condena por una estafa anterior.

A la conclusión del juicio, la Fiscalía elevó a 7 años la pena de prisión que solicita por un delito de estafa agravada, a lo que sumó una multa de 5.400 euros (18 meses multa a razón de 10 euros diarios) y la obligación de hacer frente a los 488.832 euros supuestamente estafados, cantidad de la que también hace responsable a Juramax S.L., la empresa del procesado.

En la misma acusación coincide Ramón García Moreno, el abogado de la acusación particular, mientras que Valentín Vela, el abogado de la defensa, pide la absolución.