Lazos nada inocentes

Si usted viviera en Cataluña, ¿sería de los que colocan lazos amarillos en espacios públicos o de los que los quitan?; ¿de los que aplauden a los que los ponen, o de los que aplauden a los que los retiran?; ¿pertenecería al grupo de los que observan con preocupación la guerra de los lazos, al de los hartos, o al de los que la ven con indiferencia?

En Extremadura vivimos a mil kilómetros de esa pelea pero, queramos o no, nos concierne, como a toda España. El símbolo de los lazos amarillos, aparecido tras el encarcelamiento de los líderes independentistas, se vio en un principio como una protesta inocente. No hay que olvidar que remedaba la costumbre americana de colocar lazos amarillos en los pueblos en recuerdo de los ausentes cuya vuelta se ansía, especialmente soldados en guerras lejanas.

Aquí contemplamos en un primer momento la aparición de los lazos como una muestra de la libertad de expresión, que en España es amplia y está protegida en la Constitución como un derecho fundamental.

Sin embargo, con el paso de los meses el lazo amarillo ha recorrido el camino que va de ser la expresión particular de una opinión política (que es lo que ocurre cuando una persona se lo coloca en la solapa) a convertirse en instrumento de imposición sobre quienes no piensan de la misma manera. Al ocupar edificios y espacios públicos que son comunes y que, por definición, no deben ser utilizados de manera partidista, los lazos pasan a tener, no un mero afán reivindicativo, sino excluyente.

Para entender ese carácter de apropiación por unos cuantos del espacio que es de todos basta preguntarse qué haríamos si otros partidos, el PP, el PSOE, Podemos o Ciudadanos, se dedicaran a poner lazos o banderolas con sus colores en los ayuntamientos, en las farolas y en los parques de las ciudades que gobiernan. ¿Aceptaríamos que el alcalde de Badajoz o la alcaldesa de Cáceres vistieran de azul sus ciudades? ¿o que el alcalde de Mérida colocase lazos rojos hasta en el Teatro Romano? Yo no me veo formando parte de una brigada para, tijera en mano, quitarlos. Pero diría públicamente que es inaceptable. Y creo que la mayor parte de los vecinos los rechazarían.

La campaña de los lazos, que los independentistas quieren presentar como una humanitaria reclamación de libertad de los políticos presos, es, además de una sibilina manera de apropiarse del espacio público, una suerte de señalamiento de los disidentes; un método perverso de dividir la sociedad entre 'nosotros', los del lazo, los buenos catalanes, y los 'otros', los malos. Incluso quienes han nacido en Cataluña, si no comulgan con el ideario independentista, son vistos como intrusos a los que secretamente desearían expulsar para conseguir una nación pura.

Los lazos dividen y, por más que se insista en que nadie obliga a otros a llevarlos, en que hay plena libertad para hacerlo o no, la realidad es que en ambientes mayoritariamente nacionalistas, sean empresas, universidades, pueblos o instituciones, hay que echarle agallas para no ponerse el lazo y aceptar sin agachar la cabeza el baldón de 'españolista', cuando no de traidor a Cataluña.

¿Qué debe hacer el Gobierno de España ante el recrudecimiento de la guerra de los lazos que se ha producido en las últimas semanas? Hasta ahora Pedro Sánchez ha preferido hacer la vista gorda en la confianza de que el movimiento acabaría por desinflarse. La política de apaciguamiento en lugar de la de confrontación. Pero no es seguro que esa política esté obteniendo resultados.

Los incansables Torra y Puigdemont no han dado un paso atrás desde hace un año. Ni siquiera el fracaso de la declaración de independencia les ha hecho regresar a la realidad y asumir que la separación de Cataluña por las bravas no es posible. Como maestros de la agitación política, que lo son, han logrado mantener vivo el 'procés', al margen de la ley y de la lógica política. Y nada hace pensar que vayan a desistir. Tenemos lazos y crisis catalana para rato.