Una ley facilitará la instalación en Extremadura de empresas de otras regiones

Con esta norma se pretende eliminar barreras a las empresas, estableciendo estructuras de cooperación entre las distintas administraciones tanto regionales como nacionales.

«El objetivo último es eliminar cargas administrativas y facilitar la actividad empresarial, promoviendo la implantación y creación de nuevas empresas, con la consiguiente generación de empleo», añade el Gobierno regional.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha señalado que en España sólo la Comunidad de Madrid cuenta con una norma similar. La intención es sumarse a los compromisos de libertad de mercado que promueve la Unión Europea y que empresas instaladas en otros territorios puedan implantarse en la región sin necesidad de ningún requisito adicional.

Bazaga ha puesto como ejemplo que si una empresa ha presentado una fianza para iniciar su actividad en una comunidad autónoma ya no será necesario cumplir con ese requisito para implantarse en Extremadura.

Junto a esto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la actualización del acuerdo con las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada para el fomento de la jubilación parcial y los contratos de relevo.

Según el Ejecutivo extremeño, se trata de un acuerdo de similares características a otros que se han aprobado en la Junta de Extremadura. En este caso, pretende prestar cobertura jurídica a la financiación del coste adicional en materia de Seguridad Social para el acceso a la jubilación parcial del personal docente de centros privados concertados de la región.

El acuerdo supone la mejora en las condiciones laborales de 363 maestros y profesores de 77 centros concertados de Extremadura, los cuales atienden las necesidades de escolarización de 27.129 niños extremeños, dando respuesta a una reivindicación de este colectivo. Además, incentiva y permite la contratación de nuevos docentes, mediante contratos de relevo, para cubrir la jornada reducida del profesorado que opte por la jubilación parcial anticipada.

El importe del sobrecoste en materia de Seguridad Social y el coste total de las contrataciones de los relevistas supone algo más de 2 millones de euros para la Junta en los tres años de vigencia del acuerdo.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de decreto para regular los procedimientos de publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Con ello se cumple el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Con ese fin, se ha decidido revisar la forma de presentar las solicitudes de publicación en el DOE, eliminando completamente el uso del papel y simplificando el proceso mediante la utilización de medios telemáticos. Esto permitirá agilizar la tramitación y acortar los plazos previstos para la publicación en el boletín oficial.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se aprueban los estatutos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) para adaptarlos a la nueva regulación e introducir otras mejoras.

Según el Gobierno regional, el decreto modifica las funciones de la dirección del Cicytex, así como la composición y las atribuciones de la comisión de control, al objeto de dotarla de una mayor competencia en cuanto a sus funciones de seguimiento y supervisión. También se introducen como órganos colegiados dentro de la estructura organizativa el Consejo de Dirección, el Consejo de Participación Sectorial, el Comité de ética de experimentación animal y la Comisión Científica.

La figura del director científico se sustituye por un órgano denominado Unidad de Coordinación Científica y se suprime la necesidad de que las cuentas anuales vayan acompañadas de un informe de auditoría de cuentas para su aprobación por el Consejo Rector, dado que al ser un ente público sus cuentas anuales se encuadran dentro de la Cuenta General de la Junta de Extremadura.