La Audiencia da vía libre a los embargos impuestos por la instructora del caso UPA

Dificultades para la organización agraria UPA-UCE por la investigación abierta sobre la gestión de las ayudas al asesoramiento agrario. El juzgado de Mérida que lleva el caso va a solicitar la identificación de los bienes disponibles para hacer frente a la fianza que solicita por el posible daño causado, que fue fijada en 5,4 millones de euros. Esta medida se dirigirá contra la entidad y contra ocho personas vinculadas a su funcionamiento.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida acordó a finales de 2016 establecer una fianza de 5,4 millones de euros por un presunto fraude de subvenciones por parte de la asociación agraria UPA-UCE Extremadura. En concreto, la entidad está siendo investigada por la gestión de las ayudas al asesoramiento agrario.

La Guardia Civil detuvo en noviembre del pasado año al secretario general de la organización, Ignacio Huertas, y al secretario de Organización y Administración, Maximiano Alcón. Ambos fueron enviados a prisión provisional, situación en la que permanecieron hasta febrero de este año.

También fueron detenidos en noviembre la vicesecretaria regional, María Antonia Alcalá; el secretario de Acción Sindical y Agricultura, José Cruz; el anterior secretario de Organización y Administración, Miguel Leal; el socio y administrador único de una empresa que prestaba servicios a UPA, Juan Miguel Apolo; y un técnico de la entidad, Ignacio Trejo. En diciembre fueron arrestados otros tres técnicos de UPA, Gervasio Martínez, director del servicio de asesoramiento agrario, Ana Jiménez y Margarita Yáñez. Estas ocho personas quedaron en libertad sin fianza.

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