Una mala relación con la vejez

Pasado el chaparrón de muertos por el coronavirus era inevitable que llegara el ajuste de cuentas. La magistrada Rodríguez-Medel ha archivado la denuncia sobre la manifestación del 8-M por estimar que el delegado del Gobierno en Madrid no cometió un delito al permitir la manifestación, pero siguen adelante decenas de denuncias por la muerte de miles de ancianos en las residencias. En Extremadura la Fiscalía tiene activas catorce y en España alcanzan las 200. Se trata de averiguar no solo si se pudo actuar de otra manera para proteger las vidas de los ancianos, sino si se han cometido delitos por no poner más medidas de protección o por no derivar a algunos enfermos a los hospitales.

Inquieta un poco leer que las residencias están bajo el escrutinio judicial, porque nos enfrenta al drama que se ha vivido en los centros de mayores. Pero a la postre es positivo, y necesario, que fiscales y jueces investiguen y pongan las cosas en su sitio. Quizá sea la única manera de que los políticos dejen de echarse los muertos a la cara. Solo una investigación seria, y los jueces están obligados a hacerla, puede dibujar un retrato ajustado de lo que ha pasado en España desde marzo a hoy mismo. Sin cargar las tintas (no hace falta, ya bastante grave es lo que ha ocurrido), pero sin ocultar nada.

Los españoles tenemos derecho a conocer si además de escasez de medios para evitar el contagio masivo ha habido negligencias graves o incluso delitos.

En Extremadura están bajo el escrutinio fiscal las residencias donde más muertes se han producido, como la Asistida de Cáceres, un centro dedicado a la atención de ancianos dependientes, muchos de edad avanzada, donde han fallecido 75 residentes. El alcalde de Cáceres afirmaba en una entrevista publicada el pasado viernes en HOY que en la residencia se han cometido 'errores', pero cuando el periodista Claudio Mateos le pide que concrete qué errores, Luis Salaya echa un paso atrás y dice que no sabría decirlo, que están en investigación. Es difícil de creer que a estas alturas las autoridades no sepan qué ha fallado. Sea en la Asistida o en cualquier otra residencia con una alta tasa de fallecidos. Por eso es bueno que sean los jueces los que determinen, sin consideraciones políticas, qué ha pasado. Cuáles son esos 'errores', si es que los ha habido; y cuán graves han sido.

Hasta que eso ocurra, que tardará, porque los procesos judiciales son lentos y cautelosos, no estaría mal que la sociedad reflexionara sobre cómo mejorar la atención a las personas mayores.

Si algo nos ha enseñado esta crisis es que las residencias, concebidas como grandes aparcamientos de ancianos, no son el mejor modelo para pasar los últimos años de la vida. El problema no es solo español. Países como Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos también han registrado una alta mortalidad de ancianos. Probablemente a todas esas sociedades les cuadraría el diagnóstico que hacía la catedrática de Ética Adela Cortina en una entrevista en XLSemanal: «Los ancianos son vistos como vidas sin valor social. Eso es inmoral». Al margen de que la Justicia determine si se han cometido delitos o no, el trasfondo es que nuestras sociedades tienen una mala relación con la vejez. Ni tenemos tiempo para dedicarle a los ancianos ni tampoco queremos tenerlo, entretenidos como estamos en unas vidas frenéticas en las que los viejos estorban.

En las últimas décadas ha crecido la esperanza de vida; morimos más tarde que nunca en la historia de la humanidad. El avance de la medicina nos ha permitido comprar años pero, en demasiadas ocasiones, el precio pagado por esos años es el desarraigo y la soledad. El maldito coronavirus lo ha expuesto en toda su crudeza.