Antonio Narváez: «Mi mandato estaba caducado, pero la renuncia habría sido la solución fácil»

–¿Salir del Constitucional es más un alivio o un fastidio?

–Tengo un sentimiento de satisfacción por la labor cumplida.

–¿Han sido los últimos 15 días los más duros como magistrado?

–Han sido muy importantes, pero en el tribunal hemos vivido épocas bastante delicadas, como la aplicación del artículo 155 durante el 'procés' catalán.

–En su caso fue nombrado magistrado del Constitucional a propuesta del gobierno de Rajoy. ¿Le ha restado imparcialidad?

–Para nada, he sido ponente en sentencias que han declarado la inconstitucionalidad de leyes propiciadas por el Gobierno anterior. Uno tiene sus ideas, pero yo siempre he sido totalmente independiente. Mi ideología es liberal, de línea conservadora, pero para nada me he sentido coaccionado, ni siquiera en mi época de fiscal. Y yo he tenido fiscales de una tendencia y otra, entre ellos Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado. Llevé determinados procesos de ilegalización de los partidos políticos vinculados con ETA y en ningún momento el fiscal general impartió ningún tipo de instrucción.

–¿Hay magistrados conservadores y magistrados progresistas?

–Nosotros somos ciudadanos normales y corrientes. Es cierto que algunos han estado más vinculados con una determinada trayectoria política, como ocurre con el exministro de Justicia propuesto por el Gobierno para el Constitucional, pero una vez que uno se pone la toga lo que rige fundamentalmente es su criterio jurídico y personal, y algo muy importante en un jurista, el sentido común, que a veces es el que falla.

–¿Ha compartido tribunal con alguien a quien considere un garbanzo negro?

–De Conde Pumpido se habla mucho pero yo tengo una buenísima relación personal de afecto, él me ascendió a fiscal de sala cuando estaba de fiscal general. Tenemos planteamientos distintos de algunos temas, él puede ser más autonomista y yo soy más centralista, él puede ver los derechos fundamentales desde otra óptica y en ocasiones discrepamos frontalmente, pero eso no significa que no nos apreciemos.

–Viendo el revuelo que generó la paralización de las enmiendas que afectaban al Constitucional y al CGPJ, ¿piensa que fue acertada esa decisión?

–Ese recurso lo presentó el Partido Popular pero podría haberlo presentado Más Madrid, Podemos o cualquier otro grupo parlamentario. En mi carrera profesional jamás se ha visto un caso en el que a una solicitud de reconsideración se diese la callada por respuesta. Esa proposición de ley se resolvió en la Comisión de Justicia del Congreso en una hora y veinte minutos cuando la deliberación en nuestro tribunal duró ocho horas. En esa proposición iban la sedición, la malversación, las dos enmiendas modificando la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional... Para todo eso, a cada representante de un grupo parlamentario le dieron cinco minutos, prácticamente se arrasó. Estamos hablando de una Ley Orgánica que afecta nada menos que al Tribunal Constitucional.

–Pero su mandato como magistrado terminó en junio, ¿se planteó renunciar al puesto?

-No, yo creo que esa habría sido la solución fácil.

–De los periodistas se dice que la objetividad no existe. ¿Ocurre lo mismo con la imparcialidad de los jueces?

–La ideología siempre influye, pero el magistrado es independiente. Don Andrés Ollero cuenta en su libro 'Votos particulares' que a pesar de haber sido durante muchos años diputado por el Partido Popular había hecho más votos particulares en contra que a favor de normas impulsadas desde las filas conservadoras.

–¿Debe un magistrado aplicar una ley que considera injusta?

–Como decía un antiguo magistrado, una cosa es administrar justicia y otra aplicar la ley. Lo normal es que coincidan pero el concepto de justicia tiene más que ver con valores morales y éticos. A mí, como creyente, hay leyes que me repulsan, como el aborto, pero una cosa es que uno moralmente entienda que eso es una atrocidad y otra que eso sea constitucional o inconstitucional. El juez lo que tiene que hacer el aplicar la ley y si entiende que es inconstitucional, promover una cuestión de inconstitucionalidad.

–¿Le gustan los cambios legales promovidos por el Gobierno?

-La proposición de ley que se ha paralizado me parece, como mínimo, precipitada. Y la ley orgánica que modificó los delitos contra la indemnidad sexual al centrarlo todo en el consentimiento y suprimir el delito de abusos sexuales lo que ha hecho es bajar las penas mínimas y necesariamente los jueces y los fiscales deben aplicar la rebaja. Desde mi punto de vista las reformas que ha habido últimamente son, como mínimo, precipitadas.

–Pedro Sánchez dio a entender que la Fiscalía depende del Gobierno. ¿Lo comparte?

–Lo vi mal porque realmente no entendió lo que debe ser la institución del Ministerio Fiscal y cuál es la relación del fiscal con el Ejecutivo. Eso de que depende del Gobierno venía en el estatuto de 1926, pero gracias a una reforma que propició Cándido Conde Pumpido, una vez que el fiscal general está nombrado ya no puede ser cesado. Eso garantiza de alguna manera la independencia. Anteriormente el Gobierno de Aznar, por ejemplo, cesó a Juanma Ortiz Úrculo a los seis meses, quizá porque era demasiado independiente.