María Guardiola será presidenta de la Junta de Extremadura tras dar «un paso doloroso»

Guardiola firmó este viernes con Ángel Pelayo Gordillo, número uno de Vox en los pasados comicios autonómicos, el «acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura». Se trata de un pacto de nueve puntos, el último de ellos con sesenta medidas que constituyen un programa de gobierno entre las dos formaciones y que tendrán su reflejo presupuestario.

El documento parte de una realidad innegable, que la suma de los 28 diputados del PP y los cinco de Vox permite alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento regional, al llegar a 33 de los 65 parlamentarios. Por primera vez en la historia de la democracia extremeña, el bloque de derechas se impuso en las elecciones autonómicas, algo que no ocurrió ni con el gobierno del popular José Antonio Monago. El cambio estaba servido, pero ha costado más de un mes cerrarlo.

El acuerdo contempla «dotar a la región de un gobierno estable y eficiente que se marque como principal objetivo combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación». Para ello, propone adoptar «las necesarias medidas económicas y sociales que saquen a Extremadura de la inercia de los últimos años». Para las dos formaciones, el PSOEes el principal responsable de que la comunidad, después de 40 años de autonomía, siga a la cola del país en los principales indicadores de actividad económica y laboral.

Para cambiar esa situación, Vox votará a favor de María Guardiola para la Presidencia de la Junta de Extremadura, para lo que aún no hay fecha, ya que se trata de una decisión que está en manos de la presidenta del Parlamento regional, la socialista Blanca Martín.

A cambio de ese apoyo, Vox participará en el ejecutivo extremeño con la nueva Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Pero el PP se mantendrá al frente de la Consejería de Agricultura, que asumirá el resto de competencias del área. Además, Guardiola afirmó que la formación de Ángel Pelayo Gordillo no contará con ningún otro cargo (como secretario general o director general) en el nuevo gobierno.

Los dos partidos ceden en la parte central del acuerdo, que desde hace semanas permanecía enquistado en la composición del Consejo de Gobierno. Vox, que había llegado a solicitar la vicepresidencia de la Junta y dos consejerías, se queda finalmente con una responsabilidad menor, que surge de partir en dos de la Consejería de Agricultura. Pero consigue su gran objetivo, que es entrar en el Gobierno regional. Por su parte, el PP logra reducir a la mínima expresión la presencia de su socio en el ejecutivo, y además mantiene las competencias en agricultura y ganadería, para la que Guardiola quiere contar con una de sus colaboradoras más estrechas, Mercedes Morán. Pero la candidata popular se ha visto obligada a ceder en una cuestión que había rechazado de forma tajante y que era su única línea roja, la entrada de un compañero de viaje en Presidencia.

Junto a esto, el acuerdo contempla que el senador por designación autonómica que corresponde elegir al PP (el otro será para el PSOE) recaerá en un diputado de Vox. Los populares ya habían ofrecido este puesto en el pacto que fue rechazado la pasada semana debido a que no incluía ninguna consejería.

Además, el documento recoge el compromiso de modificar el Reglamento de la Asamblea para «garantizar que la Mesa de la Cámara sea proporcional al número de integrantes de cada grupo». Será un intento por arreglar la falta de entendimiento con la que se llegó a la sesión constitutiva del 20 de junio y que provocó que la Presidencia del Parlamento, así como la mayoría en el órgano de gobierno interior, recayera en el PSOE.

Porque nada de lo ocurrido ayer y en los últimos días se puede entender sin recordar lo que pasó ese 20 de junio. Un día antes se rompieron las negociaciones para la investidura de María Guardiola debido a su negativa a compartir el Gobierno regional. Los populares dieron a conocer una propuesta de acuerdo programático, así como la cesión de puestos en la Mesa de la Asamblea y el senador autonómico, pero fue rechazado porque no incluía ninguna consejería. Por su parte, Vox ofreció un documento que, salvo en cuestiones puntuales, coincidía en líneas generales con la oferta. Su principal novedad es que exigía formar parte del Ejecutivo.

A la sesión constitutiva se llegó por tanto sin ningún acuerdo. El PP votó a sus candidatos y Vox a los suyos. Eso hizo que saliera elegida la socialista Blanca Martín como presidenta, lo que no esperaba ni la propia interesada. Además, el PSOEse hizo con la mayoría en la Mesa al tener también una vicepresidencia y una secretaría.

Tras ese pleno quedó en evidencia la distancia entre los dos partidos. Guardiola cargó contra Vox por no haber aceptado el acuerdo y aseguró que no podía dejar que entrase en su gobierno un partido que niega la violencia machista, que deshumaniza a los inmigrantes o que desprecia la bandera LGTBI. Sin embargo, este viernes afirmó que esas declaraciones fueron fruto de la frustración y que después de «unos días difíciles» en los que ha llevado a cabo «un profundo proceso de reflexión», que parte del análisis de los motivos que le hicieron ser candidata a presidir su partido y el gobierno regional, ha optado finalmente «por servir al interés de los extremeños».

Asume que hay personas que estarán decepcionadas, pero ahora espera ser juzgada como presidenta de la Junta. Y considera que «el machaque personal y político recibido» por sus palabras excede de lo razonable.

Guardiola reconoció que en su momento se planteó dimitir, pero que nunca ha llegado a dar ese paso. En su opinión, sus críticas a Vox se interpretaron de forma torticera para tratar de hacer daño a su partido y renunciar hubiese supuesto favorecer a quienes no quieren el cambio en Extremadura. «Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños», añadió.

Pero lo cierto es que fue ella misma quien puso una línea roja que ahora se salta, la entrada de Vox en su gobierno, con un pacto para el que asegura que no ha recibido presiones de su partido y que se ha decidido en Extremadura. Y que no oculta las diferencias ideológicas entre ambas formaciones, como recoge el documento. «Mis principios permanecen intactos, este es un acuerdo de consenso», aseguró Guardiola. Para la candidata popular, es «sensato, de moderación, que respeta nuestra autonomía, que no mira al pasado y que no retrocede en derechos».

Por su parte, Ángel Pelayo Gordillo aseguró que se trata de «un día histórico» en el que se materializa «un cambio político en Extremadura» después de casi cuarenta años de gestión del PSOE, que ha llevado a la región «a una situación insostenible» que se espera corregir con este pacto.

Al igual que María Guardiola, recalcó que las dos formaciones han apartado sus diferencias para cumplir con el deseo de cambio que, a su juicio, expresaron los extremeños en las urnas. El objetivo es «cambiar Extremadura a mejor» para que sea un lugar atractivo para la inversión, para lo que se contará con un gobierno abierto a los intereses de todos los extremeños. «Se ha impuesto la sensatez por ambas partes, hemos sido generosos ambos», indicó.

Como se ha indicado, el verdadero escollo para el acuerdo era la formación de un gobierno con dos partidos. Pero también hay cuestiones ideológicas y medidas que planteaban diferencias entre las dos formaciones.

Vox ha conseguido que en el documento se introduzcan cuestiones como la reducción de subvenciones a la patronal y los sindicatos, el control de la seguridad y la lucha contra las ocupaciones ilegales. Junto a esto, no hay ninguna referencia a la violencia de género, sino que se propone trabajar para erradicar «los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer».

El resto de puntos contiene las medidas en las que coincidieron las dos formaciones en la propuesta de acuerdo que quedó frustrada antes de la sesión constitutiva. La mayor parte de esos puntos ya formaba parte del programa electoral del PP, como una rebaja fiscal que afecte al IRPF, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones; un plan industrial para Extremadura; un plan contra las listas de espera en sanidad; la neutralidad ideológica en la educación; una ley de protección a la familia con ayudas para sufragar los gastos escolares y la reivindicación de la mejora de las infraestructuras. También contemplan la derogación de la ley regional de Memoria Histórica y su sustitución por una nueva norma «que sirva a la reconciliación y a la concordia».

En cuanto a lo que no aparece en el documento, no hay ninguna referencia a las políticas LGTBI, al contrario de lo ocurrido esta semana con el rechazo de Vox a la colocación de símbolos o banderas en ayuntamientos.

Sobre las palabras de un concejal de Mérida que señaló que si tras la colocación de la enseña LGTBI el siguiente paso sería instalar «la bandera de los pedófilos», Gordillo afirmó que se trató de «declaraciones malinterpretadas o equivocadas» que achaca a la inexperiencia y que en ningún caso Vox compara una orientación sexual con un delito.