Las medidas fiscales contra la despoblación reportan 5,4 millones a 31.500 extremeños

Entre otras medidas, la ley de reto demográfico incluyó una nueva deducción en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para residentes en municipios y entidades locales menores de la región con una población inferior a 3.000 habitantes. Asciende al 15% de la cuota íntegra autonómica y se requiere que la suma de la base imponible general y del ahorro no supere los 28.000 euros en tributación individual y 45.000 euros en tributación conjunta.

Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, 31.481 declaraciones de contribuyentes extremeños se acogieron a esta deducción en la campaña de 2022. La reducción en su carga fiscal tuvo un importe de cerca de 5 millones de euros, a una media de 158 euros.

El impacto de la medida fue limitado. De los 388 municipios de la región, 329 tienen menos de 3.000 habitantes. Suman una población de 287.000 personas. A esto hay que añadir las 22 entidades locales menores, con lo que se añaden otros 9.500 residentes (siete de esas entidades ya forman parte de municipios de menos de 3.000 habitantes). Esto hace un total de 296.500.

Pero no todos son contribuyentes. La información de la Agencia Tributaria sobre IRPF por municipios recoge que el número de declaraciones en relación con la población en los municipios más pequeños de la región ronda el 55%, con lo que en realidad se trataría de 163.000 declaraciones. De ellas, apenas la quinta parte habría aprovechado esta nueva deducción.

Más impacto, aunque para menos contribuyentes, tuvo otra deducción introducida en la ley de reto demográfico, destinada a incentivar la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales.

La norma estableció una deducción en la cuota íntegra autonómica del 10% de las cantidades pagadas por la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en localidades de menos de 3.000 habitantes, pero con limitaciones en la base sobre la que se aplica la rebaja.

La estadística de la Agencia Tributaria recoge que en la campaña de 2022 aplicaron esta deducción 298 contribuyentes por un importe total de 172.988 euros, lo que supone una rebaja media de 580 euros. Una rebaja que resulta notable, pero para un número limitado de personas.

Junto a esto, la ley de reto demográfico también aumentó el alcance en zonas rurales de la mayor parte de las deducciones autonómicas del IRPF. Para ello, en el caso de localidades de menos de 3.000 habitantes se amplió a 28.000 euros en tributación individual y 45.000 en conjunta la base imponible exigida para optar a las deducciones por partos múltiples, cuidado de familiares con discapacidad, cuidado de hijos menores de 14 años, contribuyentes viudos, adquisición de vivienda protegida, alquiler de vivienda habitual y material escolar. Hasta entonces, el límite general era de 18.000 euros en declaraciones individuales y 24.000 en las conjuntas.

Estos incentivos fiscales tienen poco impacto en la región. En algún caso llegan a 400 euros, pero en otros, como la deducción por compra de material escolar, asciende a sólo 15 euros. Además, los topes de renta establecidos limitaban su alcance. En la campaña de 2021, estas siete deducciones apenas supusieron 710.000 euros y se aplicaron en 13.234 declaraciones.

La Agencia Tributaria refleja que en la campaña de 2022 estas mismas deducciones se incluyeron en 16.492 declaraciones, 3.200 más que el año anterior, después de que se flexibilizaran los límites de renta exigidos en zonas rurales. La rebaja en el impuesto por estos conceptos fue de 948.000 euros, 240.000 euros más que el ejercicio precedente.

Los 31.500 contribuyentes que se acogieron a la rebaja por vivir en zonas rurales, más los 300 que aplicaron la correspondiente a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual y los 3.200 nuevos perceptores de otras siete deducciones suman 35.000 beneficiarios. Pero como se trata de medidas que son compatibles entre sí, lo que aumenta su impacto, se puede estimar que la ley de reto demográfico rebajó la carga fiscal a 31.500 extremeños, que son los que se acogieron a la medida principal.