Mérida y Plasencia se mantienen como las ciudades con más deuda bancaria

La deuda bancaria de los ayuntamientos de la región se reduce un 40% en cinco años y cae a mínimos históricos, ya que por primera vez en el último decenio se sitúa por debajo de 200 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer los datos de deuda viva de las entidades locales al cierre de 2018. En Extremadura, los 388 municipios de la región sumaban 196,6 millones de euros pendientes de devolución. Son casi 34 millones menos que en diciembre de 2017.

Durante el pasado año solo veinte municipios aumentaron su deuda respecto al ejercicio anterior. El resto la mantuvieron o la rebajaron. Un total de 206 localidades, diez más que al cierre de 2017, no tienen cuentas pendientes con los bancos.

Sobre la evolución en el pasado año destacan los casos de Don Benito y Coria, que han pasado de deber 3.091.000 y 2.282.000 euros, respectivamente, a dejar su casillero en 120.000 y 323.000 euros. Asimismo, destaca la amortización de 6,7 millones realizada por el Ayuntamiento de Badajoz, lo que sitúa su deuda por debajo de los 10 millones de euros. El Consistorio cacereño redujo su capital pendiente en casi 5 millones.

Las ciudades más endeudadas de la región siguen siendo Mérida, con 39,2 millones de euros al cierre de 2018; y Plasencia, con 34,9 millones. Pero en ambos casos se han producido rebajas sustanciales en los últimos años. La capital autonómica llegó a 61,4 millones en 2013, mientras que Plasencia estaba en 41,5 millones en 2015.

La cifra de deuda viva de los municipios de la región en 2018 es la más baja del último decenio. En 2008, la primera información disponible en la web de Hacienda, la deuda viva de los ayuntamientos extremeños ascendía a 259 millones de euros. Un año después se disparó a 308,3 millones, pero en 2010 y 2011 se moderó hasta 272,7 millones de euros.

Con la llegada de la crisis económica y la caída de los ingresos vinculados al sector de la construcción las cifras de deuda se dispararon hasta 323,5 millones en 2013. A partir de ese momento, con un repunte en 2015, las cifras volvieron a bajar. En cinco años se ha reducido en 127 millones de euros, casi un 40%.

Estos datos proceden de la Central de Información de Riesgos del Banco de España e incluyen deudas con entidades de crédito que están obligadas a declarar estas operaciones. Se trata del Instituto de Crédito Oficial, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sucursales en España de entidades extranjeras, entre otras. Y los productos que se contemplan son créditos, valores de renta fija y las deudas asociadas al Fondo de Financiación a Entidades Locales.

El descenso de la deuda en la región obedece a las medidas establecidas por el Ministerio de Hacienda con la llegada de la crisis económica.

La Ley de Estabilidad, del año 2012, implicó un aumento del control tanto en materia de gastos como de ingresos para evitar el ascenso de la deuda pública. Junto a esto, se introdujo la obligación de que cuando se cuente con más dinero del previsto inicialmente en el presupuesto el superávit no se destine a nuevas actuaciones, sino a amortizar créditos pendientes de devolución. Eso ha llevado a los municipios más saneados a restringir sus inversiones y reducir de forma drástica sus cuentas con los bancos.

Junto a esto, el Gobierno puso en marcha en 2012 instrumentos como el Fondo de financiación para el pago a proveedores, destinado a afrontar el agravamiento del problema de impagos con las empresas que prestan bienes y servicios a las entidades locales. Entre ese año y 2013 un total de 205 municipios de la región suscribieron préstamos por casi 150 millones de euros para abonar facturas. Asimismo, en 2015 se crearon el Fondo de Impulso y el Fondo de Ordenación, dedicados a cuestiones como el pago de sentencias judiciales.

Con estas medidas se facilitó el acceso a préstamos a bajo interés para hacer frente a esas obligaciones. Eso explica el aumento de la deuda bancaria entre 2012 y 2015. Los municipios de la región han tenido acceso a 207,5 millones con estos mecanismos (aunque no todas las operaciones formalizaron el máximo posible), de los cuales 178 millones se firmaron en los ejercicios citados.

Estas operaciones exigían la concertación de un plan de ajuste o de saneamiento que implicaba la aplicación de medidas de control de ingresos y gastos con el fin de asegurar que los ayuntamientos devolvían ese dinero y que no volvían a incurrir en nuevas deudas. Esto ha permitido la reducción en los últimos años del capital pendiente de devolución a entidades financieras.