El ministro Torres dice que Guardiola usa la memoria histórica y las víctimas como moneda de cambio con la ultraderecha

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, ha acusado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de usar la Memoria Histórica y a las víctimas como moneda de cambio con «la ultraderecha». El ministro se ha pronunciado así tras conocer el acuerdo en Extremadura entre el PP y Vox que recoge la derogación de la Ley de Memoria Histórica para lograr el apoyo de los del partido de Abascal a su decreto de medidas fiscales.

En este mismo sentido, Torres ha apuntado al «abismo de contradicciones» de la presidenta extremeña por su cambio de postura respecto a la Ley de Memoria Histórica.

Además, el ministro ha anunciado que el Gobierno de España presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, tal y como ha hecho con la de Cantabria, donde el PP y Vox también derogaron la norma. «Esto ocurre justo cuando conocemos que el Tribunal Constitucional ha paralizado derogación de la Ley de Memoria Histórica en Cantabria, tras el recurso presentado por el Gobierno de España. Seguiremos actuando de la misma forma con todas las leyes involucionistas», ha expresado el titular de Política Territorial y Memoria Democrática a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que una de las cuestiones que ha estado siempre presente en el centro de todas las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos de Extremadura de 2025 en un primer momento y el decreto de medidas fiscales después, ha sido la Ley de Memoria Histórica. De hecho, el rechazo del PP a la propuesta de ley de concordia presentada por Vox distanció a ambos partidos y rompieron su acercamiento para sacar los Presupuestos de 2025 adelante. Las conversaciones entre el Gobierno regional del PP y Vox quedaron rotas a comienzos de diciembre.

Tras este alejamiento en sus posturas, el PP buscó al PSOE como aliado. Las negociaciones entre ambas agrupaciones se llevaron a cabo en enero. En este acercamiento con los socialistas para sacar adelante las cuentas extremeñas, también se puso sobre la mesa el tema de la Memoria Histórica. Para los socialistas, la derogación de la ley extremeña de memoria histórica era una línea roja, por lo que habían reclamado al PP que no permitiera que la propuesta de Vox siguiera adelante con su tramitación o al menos que ofreciera un compromiso claro de que la rechazaría en la votación en la Asamblea de Extremadura. Los socialistas ponían como condición al Gobierno regional para pactar las cuentas que se comprometa a mantener la norma autonómica que fue aprobada en 2019.

A finales de enero Vox llevó a la Asamblea de Extremadura la propuesta de ley de concordia con la que se pretendía derogar la Ley de memoria histórica y democrática de Extremadura de 2019. El motivo, según aludían los diputados de Abascal, es que la ley de memoria histórica extremeña «reinventa la historia y tergiversa vilmente el periodo de la Guerra Civil». Sin embargo, Vox se quedó solo en su intento de derogar la actual legislación, ya que tanto PP como PSOE y Unidas por Extremadura tumbaron la iniciativa y no salió adelante.

Poco antes de este trámite, el Gobierno regional del PP se vio obligado a retirar los Presupuestos de 2025. Los populares renunciaban así a la votación de las cuentas ante la falta de acuerdo con el PSOE, tal como ocurriera con Vox un mes antes. El principal escollo en las negociaciones entre los populares y socialistas fueron las enmiendas presentadas por estos últimos a los Presupuestos de 2025.

Finalmente, sin suficientes apoyos para su aprobación, el proyecto de ley fue retirado y se apostó por prorrogar las cuentas de 2024.

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