La mitra accitana que Roma negó a Diego Muñoz Torrero

Han pasado doscientos años desde que las Cortes Españolas, reunidas en el mes de julio de 1820, decidieron nombrar a Diego Muñoz Torrero obispo de Guadix (Granada). Nunca debieron imaginar que esta propuesta cambiaría el curso de la historia con imprevisibles consecuencias para el protagonista, para la diócesis accitana y para una España que articulaba sus primeros pasos hacia la modernidad.

Muñoz Torrero nació en 1761 en el municipio pacense de Cabeza del Buey. A la edad de once años comienza a estudiar Teología y Filosofía en la Universidad de Salamanca y, tras su ordenación sacerdotal, alcanza la cátedra en filosofía en 1784. Tres años más tarde fue nombrado rector de esta prestigiosa universidad, desarrollando un destacado papel en la renovación e innovación pedagógica de los métodos de aprendizaje.

Tras el alzamiento contra el invasor francés fue nombrado miembro de la Junta de Extremadura, siendo enviado a Cádiz como diputado a las Cortes Generales. En la jornada inaugural del 24 de septiembre de 1810, Torrero intervino proponiendo diversas medidas de corte liberal sobre la soberanía popular, la separación de poderes, la libertad de prensa y, especialmente, apostando por la supresión del Tribunal de la Inquisición.

En 1811 Muñoz Torrero, Agustín Argüelles y Pérez de Castro fueron nombrados presidentes de la Comisión redactora del texto constitucional que sería aprobado el día 12 de marzo de 1812, destacando Torrero entre las plumas más destacadas de su elaboración.

Fernando VII, tras su vuelta a España en 1814, ordenó la disolución de las Cortes, declarando nulas todas las disposiciones aprobadas e iniciando una persecución contra todos aquellos liberales que las promovieron. Torrero no fue una excepción, siendo detenido y encerrado por un periodo de seis años en el monasterio coruñés de Padrón.

Ya en 1820, tras la insurrección protagonizada por el general Riego, se obligó al monarca a jurar la Constitución. El ilustre pacense fue elegido nuevamente diputado por Extremadura, cuyas Cortes le nombraron presidente de su Diputación Permanente, cargo desde el que suprimió definitivamente la Inquisición.

Como todavía permanecía vigente el derecho de presentación de obispos, el Gobierno le nombró para la sede de Guadix, diócesis que permanecía vacante tras la muerte del prelado Marcos Cabello, acaecida en 1819. Dicho obispado, de orígenes apostólicos y pequeña extensión, pero magno en historia, había acogido en su cátedra a ilustres obispos como el escritor Fray Antonio de Guevara, Martín Pérez de Ayala o Gaspar de Ávalos o Pedro González Manso, que después fue obispo de Tuy y Badajoz.

Muñoz Torrero escribe en diciembre de ese mismo año a la diócesis accitana anunciándoles el nombramiento. La noticia fue acogida con gran alegría en el cabildo catedralicio accitano, compuesto en su mayoría por canónigos de corte liberal, aunque lo que parecía un puro trámite protocolario, la preconización de Muñoz Torrero se convirtió en una cuestión farragosa que acabó tensionando la diplomacia entre España y la Santa Sede y a punto estuvo de romper la relación entre ambos estados.

En enero de 1821, el Gobierno, a propuesta de las Cortes, solicitó a Roma la concesión de las bulas preceptivas tanto para Muñoz Torrero como para José Espiga, que había sido propuesto para el arzobispado de Sevilla. El Nuncio de Su Santidad no puso obstáculos a la solicitud, dado que se trataba de dos personajes de gran relevancia en la España del momento, pero a pesar de la continuada insistencia del gobierno, ninguno de los dos salió elegido para el puesto. Entre los numerosos motivos aducidos destacan la posición aperturista de Torrero en asuntos Iglesia-Estado y en la proscripción del Tribunal del Santo Oficio.

En 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis enviados por la Santa Alianza devuelven a Fernando VII sus prerrogativas absolutistas. Muñoz Torrero huyó a Portugal, donde también fue perseguido por sus ideas liberales. Hecho prisionero, fue conducido hasta la Torre de San Julián de la Barra, donde fue torturado hasta la muerte, acaecida el 16 de marzo de 1829.

Su cuerpo fue trasladado al cementerio de San Nicolás de la capital de España en 1864 y, desde principios del siglo XX, sus restos reposan en el Panteón de Hombres Ilustres de la Villa de Madrid.

En palabras del historiador Carlos Le Brun, coetáneo de los acontecimientos, Muñoz Torrero: «Hubiera sido este diputado el mejor obispo del mundo, si el Papa le hubiera confirmado el nombramiento que hizo en él Fernando para el obispado de Guadix, influenciado por los liberales. No le valió para eso ni su honradez, ni su buen corazón: en Roma no corre esa moneda sino unida a la metálica o a las opiniones que la produzcan».