85 de cada 100 multas covid puestas este año aún no han sido cobradas

Cuando solo faltaban 16 días para que concluyera, la Delegación del Gobierno en Extremadura detalló que había formulado hasta entonces 27.133 propuestas de sanción. Pero de todas ellas, terminaron en multa solo 555, según consta en la respuesta escrita que el propio Gobierno le envió en octubre a Ana Vázquez, diputada del PP por Orense. Esto significa que de cada cien propuestas, acabaron en multa dos.

Ese informe del Gobierno especifica que se trata de «sanciones impuestas por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno durante el estado de alarma por infringir las prohibiciones dictadas durante la crisis de la covid-19». Otra respuesta gubernamental posterior, elaborada a petición de la misma diputada, detalla que tras acabar el primer estado de alarma y hasta el 20 de octubre se pusieron en Extremadura 1.378 sanciones por estos mismos motivos. Sumadas estas a las 555 del primer estado de alarma, son 1.933.

El último dato que ha dado la Delegación del Gobierno en Extremadura es del pasado 14 de marzo, cuando la Delegada, Yolanda García Seco, afirmó que ya se superaban las 47.000 propuestas de sanción. Para conocer cuántas de ellas se han cobrado, la Delegación remite a la Junta de Extremadura. Y esta explica que durante el año pasado puso 14.197 sanciones por incumplir normas para detener la pandemia, el 82% de ellas por no llevar mascarilla y el 11% por saltarse el toque de queda. Si se cobraran todas con la rebaja del 40% por pronto pago, serían 1,3 millones de euros. Pero lo que ha ingresado la Junta por estas multas durante el año 2020 está muy por debajo de esa cantidad.

Según las consejerías de Hacienda y de Sanidad y Servicios Sociales, las multas en materia de Salud Pública le reportaron a la administración autonómica el año pasado 360.000 euros. Pero esta cantidad se refiere al año entero –el virus apareció avanzado marzo– e incluye sanciones de Salud Pública ajenas a la pandemia, aunque seguramente sean las menos. Hacienda explica que no puede precisarlo porque todas tienen el mismo código.

Ante la avalancha de propuestas de sanción en un escenario donde la prioridad era el desafío sanitario, la Junta asumió que le faltaba músculo para atender esa parcela y delegó en las diputaciones provinciales. Yellas se encargan de estos trámites, desde diciembre en el caso de Cáceres y desde enero en Badajoz. Sus OARGT (Organismos Autónomos de Recaudación y Gestión Tributaria) son más precisos al ofrecer datos.

El de Cáceres detalla que desde que asumió este cometido, ha tramitado 3.509 multas y ha cobrado 847 (el 24%). En dinero, son 150.930 euros sobre un total de 1.263.750 posibles, si bien hay que tener en cuenta que esos 150.930 euros recaudados son por multas pagadas con el descuento del 40%. Por su parte, el OARGT pacense ha tramitado 9.530 y ha cobrado en el periodo voluntario de pago (15 días naturales) 1.107 (el 12%), que le han reportado 201.320 euros.

Si se suma lo recaudado por las administraciones extremeñas desde que comenzó la pandemia, el resultado no supera los 700.000 euros, ya que una parte de los 360.000 de la Junta son de antes de que la covid diera la cara para cambiarlo todo. Entre las múltiples lecciones que está dejando, hay una que parece clara:que un agente de la autoridad firme una propuesta de sanción no equivale a que haya que pagarla.

El propio Gobierno se lo explicó por escrito el pasado 26 de marzo a Jon Iñárritu, diputado de EH Bildu que le preguntó por las sanciones impuestas por ignorar las medidas para detener la pandemia. «Los procedimientos sancionadores –explica el Gobierno en su respuesta– se inician a la vista de las denuncias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no todas las denuncias se convierten en expediente sancionador, ya que corresponde al instructor determinar si, a la vista de la denuncia, procede o no iniciar el procedimiento».

Aunque vale también para otros supuestos, ese texto se refería a procedimientos tramitados por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno por infringir un artículo concreto (el 36.6) de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como 'ley mordaza'. Ese párrafo clave en el complejo asunto de las multas asociadas a la covid tipifica como infracción grave «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».

Durante el primer estado de alarma –el segundo empezó en octubre y acabará el 9 de mayo–, esta era la norma que amparaba las sanciones por no cumplir las restricciones fijadas por la autoridad. Desde el inicio, varios expertos en Derecho advirtieron de lo difícil que sería tramitar sanciones si el paraguas legal era ese. Porque implicaba que además de no llevar la mascarilla o estar fuera de casa a una hora prohibida, el parte de denuncia debía especificar que había habido desobediencia al agente.

Esta forma de saltarse la ley ha dado pie en Extremadura durante la pandemia (hasta el pasado 26 de marzo) a la apertura de 5.354 expedientes sancionadores, según le explicó por escrito el Gobierno al diputado vasco. De ellos, más de la mitad (el 53%) estaban todavía en tramitación, y el resto figuran bajo la etiqueta de 'finalizados'. Son en total 2.504. Sumadas a las 1.107 cobradas por la Diputación de Badajoz y las 847 de su homónima cacereña, son 4.458 las multas cobradas a lo largo de la pandemia en la región. En realidad son menos, porque el capítulo de expedientes finalizados incluye tanto los tramitados como los archivados, según le explicó el Gobierno a Jon Iñárritu. En esa respuesta escrita están los últimos datos públicos conocidos de un capítulo de la pandemia tan complejo como opaco.