Mundo Rural promete a los regantes de Tierra de Barros que no pagarán más

La última comparecencia en la Asamblea de José María Sánchez Cordero, director general de Infraestructuras rurales de la Junta, habilitó un nuevo foco sobre el asunto. La clave no es el fleco medioambiental por resolver respecto a algunas hectáreas o la solvencia de los 1.200 agricultores comprometidos. Apenas queda alguno pendiente de certificar su liquidez financiera. El tema es cómo afrontar el aumento del coste final de una obra de gran inversión.

El proyecto de obras comenzó a redactarse el 27 de marzo de 2019 y se terminó de redactar en mayo de 2021, indica la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. El presupuesto base de licitación ascendía a 258,3 millones. A eso había que sumarle las expropiaciones. De ahí que la última cifra oficial conocida fuera 272,5 millones. 65 los deben asumir la comunidad de regantes y el grueso de la inversión, las administraciones.

Según Sánchez Cordero, recién llegado al cargo conoció un borrador de retarificación del proyecto. Es de abril pasado. Decía que el coste pasaba a 363 millones, más de 100 sobre lo que se dijo. La Junta ha encargado un informe para ajustar definitivamente el incremento.

Isidro Hurtado, presidente de la comunidad de regantes, es claro a este diario. «Sigo confiando en que después de todo el camino andado, de la implicación de tanta gente, el proyecto va a salir», anticipa en un tono optimista. Pero a renglón seguido lanza un discurso igualmente nítido que puede llevar a cierta duda.

«Los agricultores no pueden asumir un coste más allá de los 65 millones y menos en la parte proporcional que nos correspondería sobre esos 100 millones más, otros 23. El agricultor no puede soportarlo», anticipa.

Hurtado sentencia: «Sería pasar de unos 4.300 euros por hectárea a por encima de los 5.000. No estamos en condiciones de asumir un nuevo incremento de la inversión ya cerrada y financiada. Si el proyecto se tiene que caer, se caerá pero sigo siendo optimista. La Administración, creo, está buscando financiación»,

Desde la Junta se traslada esperanza. «Nuestra intención es que los regantes no paguen más que a lo que se comprometieron (65 millones)», dice Sánchez a este diario. Señala el responsable de Infraestructuras Rurales que el anterior Ejecutivo sabía que el coste final era mayor pero que no se lo comunicó a los regantes cuando firmaron el convenio con la Junta en noviembre pasado.

Añade que «a la espera de la revisión definitiva de los precios del proyecto, estamos buscando ya con la Consejería de Hacienda las fórmulas presupuestarias y financieras que habiliten que los agricultores de Tierra de Barros no tengan que abonar ni un céntimo de euro más del importe absoluto que asumieron».

«Somos conscientes de que las cifras que figuraban en ese convenio aportadas por la Administración anterior no eran las reales. También sabemos la comunidad de regantes está compuesta por agricultores de secano, cuyos rendimientos por hectárea son mínimos y que no pueden afrontar financieramente ese desproporcionado incremento», agrega.

La Junta mantiene que es un proyecto de regadío viable. «Su ejecución es objetivo prioritario del Gobierno siempre que no nos encontremos ningún obstáculo que lo haga insalvable legalmente», finaliza José María Sánchez.

A expensas de conocer el coste final y de tener más presupuesto público, desde el Gobierno regional de PP y Vox se indica que se está trabajando «con anticipación y preparando ya los encargos» para que el comienzo de las obras de ejecución se realice dentro del primer trimestre de 2024.