Los municipios extremeños generalizan las cámaras para controlar el tráfico

Estos dos pueblos de la Campiña Sur, en el sureste extremeño, son los últimos en sumarse a una medida, la de instalación de videocámaras para control del tráfico, que empieza a extenderse ante la ausencia de policía local en los pueblos extremeños. Según datos de la Junta de Extremadura, 165 de los 388 municipios extremeños (el 42,5%) tienen al menos un policía local. O dicho de otra forma, casi seis de cada diez no lo tienen.

Poner una cámara para el tráfico en casco urbano es competencia de los propios ayuntamientos. No necesitan permiso de otra administración para colocarla, ni siquiera comunicar su instalación.

Hay consistorios que colocan estos dispositivos aunque dispongan también de algún policía local. Es el caso de Valencia del Mombuey (726 vecinos, comarca Sierra Suroeste), que aunque cuenta todavía con un policía las puso como «refuerzo», indica su alcalde, Manuel Naharro. En menos de un año ese policía se jubila y las cámaras serán aún más importantes para esta localidad.

Más complicado, en cambio, es lograr el visto bueno si lo que se desea es poner cámaras esgrimiendo motivos de mejora de la seguridad ciudadana en general. No es nada fácil lograr que se instalen bajo este argumento.

Se trata de una medida regulada por una ley orgánica, la 4/1997, de 4 de agosto, que exige superar una serie de requisitos y obtener permiso, en última instancia, de la comisión de garantías de la videovigilancia en Extremadura. En ese órgano se sientan el Tribunal Superior de Justicia del Extremadura (su presidenta es a su vez presidente de la comisión), la Delegación del Gobierno, la Junta o la Fempex en representación de los consistorios.

Desde ámbitos jurídicos y policiales se indica que la instalación de cámaras es un asunto «muy delicado» y debe hacerse «con todas las garantías».

La ley aclara que las videocámaras tienen el fin de grabar imágenes y sonidos en lugares públicos y su posterior tratamiento, «a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública».

En septiembre del año pasado, el Ayuntamiento de Higuera de Albalat (105 habitantes, comarca Campo Arañuelo) comunicó que la comisión de garantías había autorizado al Consistorio higuereño la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las entradas del pueblo, en las carreteras de Deleitosa, Valdecañas y Romangordo.

«Según nos consta, es la primera vez que se autoriza este tipo de videovigilancia en Extremadura a una localidad sin policía local. Las restricciones existentes en este ámbito hacen que casi todas las solicitudes sean denegadas», subrayó el Consistorio a sus vecinos.

En Fuente del Arco, a quince kilómetros de Llerena y a un paso del límite provincial con Córdoba, tienen claro que necesitan ese soporte. Su alcaldesa, Antonia Murillo, explica a HOY que la anterior alcaldesa, Carmen Domínguez, inició el procedimiento «y nosotros lo hemos continuado porque creemos que es necesario. Hace diez años que se jubiló Antonio, nuestro policía local, y esa plaza sigue vacante. Tenemos cedidas las competencias de Tráfico a la Guardia Civil».

Es oportuno estas cámaras de videovigilancia, subraya, «para un control del tráfico que nosotros no podemos tener. Somos un pueblo pequeño pero recibimos a muchos turistas. Cada año unas 25.000 personas visitan la mina La Jayona y la ermita de la Virgen del Ara. Y eso es mucha gente».

La instalación de las cámaras para el tráfico se hace más fácil para los municipios gracias a una línea de ayudas de la Junta a través de programa de pueblos inteligentes. Son para municipios menores de 20.000 habitantes. «No nos ha costado nada instalarlas. Estamos satisfechos», concluye Murillo.

Regulación: Por una ley orgánica de 1997. Regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos.

Autorización: Si es para control del tráfico no hay problemas para los ayuntamientos. Sí si se esgrime para seguridad en general. Se lleva a la comisión de garantías de la videovigilancia, compuesta por el TSJEx, la Delegación, la Junta y la Fempex.

Municipios: Higuera de Albalat, Barcarrota, Valencia del Mombuey, Villanueva del Fresno, Jerez de los Caballeros, Fuente del Arco, Torremejía, Pueblonuevo del Guadiana o Ahillones son algunos de los de menos de 10.000 que las tienen.