Menos natalidad, aulas más vacías

La pandemia, durante la que se ha tratado de reducir el número de personas por aula, está ocultando la dificultad que existe para que se cumplan las ratios exigidas. Y es que una de las obligaciones que deben cumplir los centros concertados –más allá de ajustarse a los currículos vigentes en cada etapa educativa, entre otros– es alcanzar el mínimo de estudiantes por unidad que marca Educación.

Esa ratio, que se actualiza cada año, varía entre cada etapa y de unas localidades a otras. Para fijarla, entre otras cuestiones, se tiene en cuenta la que existe en los centros públicos de las mismas poblaciones. Por ejemplo, en Montánchez (pueblo de Cáceres que no llega a los 2.000 habitantes) se permiten menos de nueve alumnos por clase de Educación Primaria, mientras que en Don Benito se deben superar los 25.

En el presente curso, se ha reforzado la plantilla de docentes para poder desdoblar unidades y crear grupos burbuja más reducidos. Por ejemplo, para la concertada se contrataron 150 profesores más. Esto ha influido en que haya menos alumnos por aula y en un informe del sindicato educativo PIDE se afirma que no se está cumpliendo con la ratio en 222 unidades concertadas de la región. Son algo más del 15% de las 1.440 que hay en total.

En la pública tampoco se llega a los mínimos en todos los centros. «Las ratios se incumplen tanto en la pública como en la concertada», señala Pedro José Caballero, presidente de Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos), que es consciente de que la baja natalidad de la región tendrá que suponer el cierre de centros. «Con la excepción de las zonas rurales», añade.

En esos cierres centra PIDE su crítica: cree que existe un agravio comparativo. «Dos unidades se han suprimido de centros concertados en los últimos seis años y solo este curso se han cerrado más de cien de la pública», afirma José Antonio Romo, delegado del sindicato.

Por ello, denuncia que se mantengan esos conciertos. «Se está incumpliendo la norma», indica Romo. Esa visión se apoya en el decreto que regula los conciertos educativos y en el que se lee: «Procederá a reducir el número de unidades concertadas de un centro privado cuando, finalizado el plazo de matriculación ordinaria, el número de alumnos por unidad escolar sea inferior a la relación media de alumnos por unidad escolar que (...) se determine por parte de la Secretaría General de Educación».

La consejería extremeña no niega que haya unidades concertadas que no cumplen las ratios, pero explica que el cálculo de PIDE se ha hecho por cursos, cuando lo justo es hacerlo por etapas educativas. «La renovación de conciertos debe hacerse por etapas para garantizar que el alumnado empieza y termina esa etapa en el mismo centro». Además, en esa línea detalla que PIDEno ha tenido en cuenta el refuerzo de docentes contratado para este curso.

En cuanto a las supresiones, fuentes de Educación exponen que el propio decreto señala que hay excepciones en las que se puede mantener el concierto sin llegar al mínimo de estudiantes por aula. «Podrá hacer efectiva dicha excepción tomando en consideración la ubicación del centro, las condiciones socioeconómicas de la población escolar atendida, la condición del alumnado con necesidades educativas especiales y la oferta educativa de la zona», recoge el texto publicado en el DOE. En el que también se insiste en que la excepcionalidad dependerá de que «la demanda de escolarización no pueda ser atendida en las mejores condiciones de otro modo».

Precisamente, respecto a ese último punto, el delegado de PIDE remarca que «la oferta de la Educación Pública puede absorber a todos los alumnos de los conciertos en todas las etapas educativas». Este sindicato ve dos formas de actuar para adaptarse a la normativa: «O que se tenga que pagar como en cualquier centro privado o trasladar a los alumnos y juntar a grupos de edad para suprimir la unidad que no alcance el mínimo», indica Romo.

Al contrario, desde Concapa entienden que suprimir los conciertos no es el camino. «Se debe mantener el derecho de los padres a elegir; además, la demanda de los centros concertados es superior a la de los públicos en la región», según Cristóbal Gamero, responsable de la asociación en Extremadura.

La línea de actuación del Gobierno nacional parece más dirigida hacia reducir ratios que a cerrar centros o suprimir conciertos. Entre las medidas que ha presentado el Ministerio de Educación para su reforma educativa está el menor número de alumnos por profesor, de forma que la docencia sea más personalizada.