La Red Natura 2000 cumple 30 años con dudas sobre sus beneficios para la región

Conocida como Directiva hábitats, en 2009 se vio complementada por la Directiva aves. Esos dos instrumentos legales configuran la red de espacios que vuelve a ser de actualidad tras la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición completa del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas por afectar a suelo protegido. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya había resuelto en el mismo sentido, pero en un auto de ejecución solo dictó el derribo de lo que estaba en fase de construcción. Eso permitió salvar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones que ahora, salvo nuevo recurso, serán derruidas.

Natura 2000 está considerado el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Abarca zonas que están en peligro, son vulnerables, raras, endémicas o constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o varias de las nueve regiones biogeográficas de Europa.

Los lugares Natura 2000 se seleccionan con el fin de asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats protegidos. La elección de las zonas se basa en criterios científicos a propuesta de los países miembros, pero en España esa competencia se ha cedido a las comunidades autónomas, así como su gestión. Para asegurar su conservación no hay fondos específicos, pero se pueden asignar desde instrumentos como el Feader y el Feder.

El catálogo se puede modificar, como pretende la Junta de Extremadura, pero para eso se exige que esas áreas hayan perdido su valor debido a fenómenos naturales y demostrar que no puede restablecerse, o bien probar que su designación se llevó a cabo con información científica errónea. La degradación debido a una mala gestión supondría una infracción de las normas comunitarias y no llevaría a su desclasificación.

La red está formada por las zonas especiales de conservación (ZEC), o lugares de interés comunitario (LIC), y por las zonas de especial protección para las aves (ZEPA). En España hay 1.468 espacios del primer tipo y 658 del segundo, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ocupan más de 222.000 kilómetros cuadrados, de los que 138.000 son de superficie terrestre, el 27,35% del territorio español. Las reservas naturales, los parques nacionales u otros lugares protegidos se establecen por la legislación nacional o regional y tienen otra regulación.

En Extremadura la red regional está regulada por un decreto de la Junta del año 2015, que fue modificado parcialmente por una sentencia del Supremo en 2020. Recoge 71 áreas ZEPA y 89 ZEC, pero nueve de estos espacios cuentan con la doble calificación. Representan algo más del 30% del territorio regional. Asimismo, ese documento incluyó el plan director, que definió los usos compatibles en estas zonas.

En líneas generales, se limita todo lo que no contribuya a la conservación del espacio. Pero eso no implica que no se puedan llevar a cabo ciertas actividades. Ángel García Calle es coordinador de Ecologistas en Acción, la asociación que ha promovido la sentencia final sobre Valdecañas. Como explica, se puede practicar la ganadería tradicional, construir pequeñas naves e incluso una subestación y líneas eléctricas, siempre que tengan medidas de protección para las aves.

A su juicio, no tiene sentido que la misma administración que promovió la declaración de espacios protegidos lamente ahora esa calificación. En cuanto a su revisión, afirma que «no lo van a conseguir, por lo menos a corto plazo».

Para García Calle, el problema es que ahora la Junta apuesta por un desarrollo industrial «a lo bestia», incluso con minas a cielo abierto, lo que considera otra vulneración de la Red Natura 2000. En su opinión, «no hemos sabido aprovechar» las ayudas que se reciben para promover una explotación sostenible de estas áreas y pone como ejemplo la existencia de observatorios para las aves privados, «muchos clandestinos», en vez de fomentados por la administración pública.