Navalmoral exige a Adif medidas para garantizar la seguridad de sus alumnos

Esas quejas alertaban del peligro que supone la situación que se ha creado en torno al centro tras el cerrarse el paso a nivel por el que accedían buena parte de sus más de mil alumnos.

En su denuncia, Correas solicita que se proceda a investigar los hechos y a depurar las responsabilidad que pudieran derivarse, además de requerir al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias la adopción de «medidas inmediatas» para garantizar la seguridad de los alumnos en su acceso al centro educativo.

Todo ello derivado de las obras de la plataforma del tren de altas prestaciones en superficie y el cierre de dos pasos a nivel abiertos hace décadas, y que ha cambiado por completo la movilidad por el casco urbano moralo.

Un paso en la calle Pablo Luengo hacia la carretera Nacional V y la carretera de Jarandilla de la Vera y el otro, el que le afecta directamente, entre los barrios de Navarrosa y La Paz. Su cierre obliga a llegar al instituto a pie por un estrecho acceso peatonal en el nuevo puente, sin las escaleras que se habían comprometido a hacer. Como tampoco se ha construido una acera en el arcén de la carretera de Rosalejo.

La petición de Roberto Correas se basa en varios hechos que, a su juicio, pueden ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial. El primero es el propio corte del paso a nivel, «dejando a los alumnos sin una vía segura para llegar al instituto».

El segundo, una alternativa «inadecuada y peligrosa». Aquí detalla que se carece de aceras o protecciones adecuadas; que los alumnos deben caminar por el arcén, expuestos al tráfico de una carretera (la Nacional V) con una alta densidad de vehículos, y que en algunos puntos se ven obligados a invadir la calzada, «aumentando significativamente el riesgo de atropello. Esta situación supone un grave riesgo para la seguridad de los estudiantes al no haberse adoptado medidas de seguridad por parte de Adif ni de las autoridades responsables».

Por último, cita el incumplimiento de los compromisos contraídos en una reunión celebrada en noviembre en su despacho, y a la que asistieron el director del cercano colegio Almanzor, el concejal de Urbanismo, el director del Ente Público de Servicios Complementarios de la Consejería de Educación y responsables de Adif, «los cuales se comprometieron verbalmente a no cortar el paso a nivel hasta que hubiera una alternativa segura para los estudiantes, lo que obviamente no se ha cumplido».

Para terminar, y como fundamentos de derecho, se refiere en su denuncia a un posible delito contra la seguridad vial, art. 385 de Código Penal, «al generar una situación de grave riesgo para la circulación de peatones»; responsabilidad civil y administrativa, y donde Adif, como entidad responsable de la infraestructura ferroviaria «podría estar incumpliendo su obligación de garantizar un acceso seguro a los ciudadanos», y normativa en materia de seguridad vial y protección de peatones, establecida en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Además de la denuncia ante el Juzgado, Correas también ha trasladado su preocupación por la situación creada a la Consejería de Educación para que le ayude en sus demandas.