El nuevo contrato de ambulancias incluye 89 trabajadores más

Juan Soriano

Lunes, 16 de mayo 2022, 18:26

Comenta

El pliego de condiciones del nuevo contrato de transporte sanitario incluye la incorporación de 89 trabajadores más, lo que supone ampliar la plantilla base hasta 1.049 personas.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado el concurso para gestionar las ambulancias por un importe de casi 47,5 millones de euros al año. Son casi 9 millones de euros más por anualidad que en el contrato convocado a finales del pasado verano, por 154 millones y cuatro años.

Este incremento se debe a varios motivos. Uno de los más importantes es que se ha actualizado el gasto estimado en combustible, que pasa de 2,1 a 3,85 millones al año. También se ha revisado el gasto en personal, principalmente por la sentencia del Tribunal Supremo que fija que el personal de guardia presencial no puede realizar más de 1.800 horas efectivas al año, con lo que se necesitan más trabajadores para cubrir los mismos servicios. La empresa que gestiona actualmente el contrato, Ambuvital, calcula que se necesitarían 400 empleados más. Sin embargo, el SES solo aumenta la plantilla base en 89, lo que supone pasar de un gasto de 26,3 a 27,2 millones de euros.

Los mayores cambios se dan en la partida de gastos generales y beneficio industrial, para lo que se aplica el decreto-ley aprobado por la Junta para garantizar la viabilidad de los contratos públicos. En el primer caso pasa del 5% al 17% de los costes directos, lo que implica subir de 1,8 a 6,56 millones al año. En el segundo, del 2% del pasado año se eleva al 6%, con lo que pasa de 755.000 euros a 2,3 millones.

Sin embargo, no hay cambios en los costes de los vehículos (6,9 millones para 417 ambulancias), gases medicinales y equipos de protección (casi 380.000 euros entre ambos conceptos) y apenas cambia en uniformidad.

Pese a estos cambios, Ambuvital señala que está estudiando si presentará oferta o no al nuevo pliego al considerar esta licitación de «un alto riesgo empresarial».

Según indica, la sentencia del Supremo obliga a establecer una jornada máxima de 1.800 euros «para una amplia mayoría de los trabajadores», al contrario de lo que sostiene el SES.

A esto añade que en Extremadura se mantiene «un importante conflicto sindical por el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo del sector, y esto conlleva la salida de un pliego sin aún saber cuál será el coste salarial que tendrán las empresas».

Junto a esto, apunta que la adjudicataria tiene más de 250 procedimientos judiciales abiertos, «heredados en su mayoría de incumplimientos de anteriores empresas, suponiendo reclamaciones por un valor de más de 3 millones de euros».