El número de pisos disponibles para alquilar en la región cae un 30%

Los propietarios alegan que la causa principal es la inseguridad que les provoca la nueva ley de vivienda aprobada a mediados del pasado año. «Hemos pasado de una legislación que se basaba en el libre pacto a establecer unas condiciones muy rígidas y siempre en beneficio, en ocasiones en abuso, del arrendatario», afirma Francisco Marroquín, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad del Cáceres.

Las inmobiliarias de la región cifran entre un 30% y un 40% el descenso de las propiedades para alquiler que tienen en cartera. «Prácticamente no hay viviendas», asegura Juan Alberto Domínguez, portavoz de Uniba, la asociación de inmobiliarias de la provincia de Badajoz. «Los propietarios se sienten desprotegidos», añade.

La reducción del stock de vivienda para alquilar se inició en 2021. «El mercado siempre se anticipa a la ley y la tramitación de la de vivienda ha sido larga; comenzó en 2021 y se aprobó en 2023, lo que ha permitido a los dueños retirar sus propiedades del mercado del alquiler», detalla Marroquín.

Los propietarios huyen de la regulación de plazos y de actualización de precios que marca la legislación. Por ejemplo, para 2024 no pueden aplicar subidas en las rentas de sus inquilinos superiores al 3%. «Actualmente, las prórrogas de un contrato de alquiler de una vivienda habitual pueden llegar a los cinco años si el propietario es una persona física y hasta los siete años si es persona jurídica», aporta el presidente de los Agentes de la Propiedad. Además, esos periodos se pueden incrementar en un año si los inquilinos son vulnerables.

Esa consideración de vulnerabilidad es otra de las preocupaciones de los caseros. En caso de que existan impagos en la renta, es muy difícil que se pueda echar a los arrendatarios si son vulnerables. «Los procesos se pueden prolongar más de un año y medio», dice el portavoz de Uniba. «Los procedimientos son caros, largos y farragosos; para que prospere el desahucio es el propietario quien debe acreditar que el inquilino no es vulnerable. Se invierte la carga de la prueba», aporta en la misma línea Marroquín.

Eso sí, ambos reconocen que apenas hay inquilinos en Extremadura que dejan de pagar. «Hay más miedo que impagos», remarca Domínguez, que cifra en un 2% los impagos que detectan en la región. «En Extremadura hay poquísimos incumplimientos por parte de los inquilinos», apunta Marroquín en la misma dirección.

Una de las medidas de la ley de vivienda que se ha implementado el 1 de enero es la modificación de los incentivos fiscales para los propietarios que alquilen sus viviendas. «Hasta ahora se podían deducir un 60% de las rentas y eso se ha reducido al 50%; lo que se produce es una desincentivación», aclara Domínguez, que explica que ese porcentaje puede crecer hasta el 90% en las zonas tensionadas, de las que Extremadura carece, y volver al 60% si se efectúan obras de rehabilitación en los inmuebles. «Los dueños están pensando en la rentabilidad no en mejorar las viviendas», considera el portavoz de Uniba.

Estas medidas han provocado que los propietarios retiren sus viviendas del mercado de alquiler. Algunos se han decantado por la venta en un periodo en el que los precios se han movido al alza y otros han optado por ofrecer sus inmuebles como alojamientos turísticos, un sector en el que la rentabilidad es mucho mayor.

También hay dueños de viviendas que las tienen sin ningún uso. «No me siento seguro alquilando y de momento la tengo vacía», expone un pequeño propietario, tiene un piso y su residencia habitual, de Badajoz que prefiere no identificarse.

Así, la reducción de la oferta conlleva que suban los precios de las viviendas disponibles. «Entre un 10% y un 12%», calcula Domínguez. Un encarecimiento que redunda en la menor rotación de los inquilinos, que saben que no van a encontrar nada más barato en el mercado, y contribuye, por tanto, a contraer aún más la oferta.