Redacción
MÉRIDA.
Martes, 11 de marzo 2025, 08:31
PSOE y Unidas por Extremadura registraron ayer un total de 43 enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales. Como se recodará, se trata ... del decreto ley de la Junta que será tramitado como ley una vez convalidado por la Asamblea
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Por un lado, el Grupo Parlamentario Socialista registró ayer once enmiendas, con el objetivo de «recuperar la justicia social».
Así lo avanzó su portavoz, Piedad Álvarez. Añadió que estas enmiendas recogen las propuestas que su partido viene defendiendo desde el inicio de la negociación presupuestaria en septiembre de 2024 y buscan garantizar la justicia social y mejorar la vida de colectivos vulnerables.
En concreto, incluyen medidas para favorecer a los enfermos de ELA, a las pensiones no contributivas y a las clases medias y trabajadoras. Entre las iniciativas destacan la gratuidad de los comedores escolares, la bonificación de las tasas de la ITV, la supresión del coste de licencias de caza y pesca, el impulso del Plan 80.000 de vivienda para jóvenes y un compromiso en infraestructuras educativas, hidráulicas, sanitarias y viarias en la región.
En ese sentido, Piedad Álvarez emplazó al Partido Popular a tomar una decisión clara sobre estas propuestas, ya que a su juicio este partido «ya no tiene excusas, ya no puede dar ninguna patada al balón hacia delante. Tiene que decirnos sí o no a estas medidas que buscan mejorar la vida de la ciudadanía extremeña», señaló.
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Así, la portavoz parlamentaria socialista mostró su preocupación porque no saben «qué oculta la negociación» entre el PP y Vox para aprobar este proyecto de Ley, en el que se ha convertido en la Ley de Presupuestos.
«Algunas de estas propuestas iban a ser aprobadas en la negociación de los presupuestos de Extremadura, sin embargo, el PP dijo que no se fiaba de Vox y por eso nos exigía retirar nuestras 800 enmiendas», recordó la portavoz socialista.
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Según consideró Álvarez, el PP «pudo elegir al PSOE y ha elegido a Vox. Ha elegido agravar con aranceles nuestro campo, ha elegido a un partido que no cree en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y ha elegido a un partido que deshumaniza la inmigración», lamentó.
Por todo ello, la portavoz del Grupo Socialista mostró su preocupación por el desarrollo de la negociación entre PP y Vox y criticó la «falta de transparencia» en el proceso, asegurando que su grupo seguirá trabajando por los extremeños, según señala el PSOE en nota de prensa.
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Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, dio a conocer ayer que su formación ha presentado 32 enmiendas al «decreto gazpacho» de medidas fiscales, que se tramita en la Asamblea como proyecto de ley y para mostrar que existe una «alternativa a las políticas de la derecha, que solo benefician a una minoría de privilegiados».
De Miguel explicó que, entre las medidas, Unidas por Extremadura plantea la recuperación del impuesto de patrimonio, «que solo lo pagaban en la región 1.200 personas, que son aquellas que tienen más de dos millones de euros de patrimonio».
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La portavoz aseguró que con la supresión de dicho impuesto se han dejado de recaudar casi seis millones de euros al año. «Nosotros lo que planteamos es que las herencias de estas magnitudes vuelvan a tributar», dijo De Miguel, quien también señaló que su formación apuesta por una política fiscal «justa y redistributiva, «que los que más tienen, aporten más a la hucha común».
Siguiendo esa senda, Unidas por Extremadura también plantea una nueva escala de gravamen del IRPF para «beneficiar realmente» a las rentas medias y bajas «porque lo que hizo el PP con su anterior reforma benefició a las más altas».
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«Planteamos subir los tramos de aquellas personas que declaran más de 60.000 euros, como por ejemplo, los diputados de la Asamblea de Extremadura, asegura Unidas por Extremadura en nota de prensa.
La formación también propone un impuesto a las viviendas vacías, pero la portavoz explicó que, a diferencia del ideado por el Partido Socialista, Unidas propone que los paguen las personas físicas y también las jurídicas, «como los fondos de inversión o las grandes empresas», que tengan más de 10 viviendas vacías.
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